Günther Mainhold

Que la política —no solamente en América Latina— en muchos casos es un asunto de familia, no es nada nuevo. Pero el incidente del indulto humanitario otorgado por parte del presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski a favor de Alberto Fujimori tiene un regusto amargo por tener visos de negociaciones tramadas  debajo de la mesa, a raíz de la actual cercanía con el intento fallido de destituir al presidente gracias a ocho votos faltantes. A Kuczinski se le acusa de corruptelas ligadas con el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht y se le imputa incapacidad moral. Lo singular es que justamente un grupo alrededor del hijo preferido de Fujimori, el diputado Kenji Fujimori, se abstuvo en la votación el día 21 de diciembre 2017, por lo cual no se  lograron los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo del jefe de Estado peruano.

Este hecho, interpretado al inicio como una gran derrota del fujimorismo, hoy se ve con otros ojos a causa del indulto humanitario al expresidente Fujimori otorgado el día 24 de diciembre de 2017,  por el que se ejerció presión en la familia, su partido y sus seguidores, quienes en las elecciones de 2016 ganaron la mayoría en el Congreso.

Así, el juego de antifujimorismo vs. fujimorismo ha sido llevado a sus extremos más absurdos. La coincidencia temporal de los dos hechos ha llevado a la opinión pública a pensar de que se trata más bien de un indulto a cambio de la impunidad, visión que va a impregnar la percepción de la ciudadanía con respecto a la clase política y puede mermar profundamente las bases del quehacer público en el país en los meses venideros.

El desencanto con los políticos y la política se amplía.

La indignación parece ser el sentimiento dominante en el Perú en esta Navidad de 2017, primero por la rampante corrupción, pero además por el manejo de la política debajo de la mesa con acuerdos secretos que violan los intereses de los electores, pero también los de las víctimas de los crímenes cometidos durante el régimen de Fujimori como presidente de 1990 al 2000.

No debe sorprender que el lema “Que se vayan todos”, lema que unía muchas fuerzas sociales del Perú alrededor del tema de la corrupción y que ha llevado a la cárcel a un expresidente (Ollanta Humala), tiene a otro expresidente como prófugo de la justicia (Alejandro Toledo) y  a otro (Alán García) , así como a la excandidata presidencial Keiko Fujimori bajo investigación, se haya extendido ahora para incluir a todos aquellos electores que se ven defraudados por su propio presidente.

Que Kuczynski se haya prestado a la cooperación con la familia Fujimori para salvar su cargo es interpretado como un “pacto para la impunidad”, favoreciendo a una persona que ha sido condenado por actos de lesa humanidad como el caso de la Cantuta (1992), en el cual fue secuestrado y desaparecido un grupo de estudiantes por un miembros de una brigada especial del Ejército peruano, sin que hasta el momento  hubieran reconocido su culpa en este y otros actos criminales.

Con la condena a 25 años de cárcel, Fujimori es liberado después de haber cumplido 12 años de encarcelamiento. Pero las heridas de su régimen siguen abiertas en la sociedad peruana, no se ha dado una reconciliación efectiva y verdadera. Protestas contra el indulto y enfrentamientos callejeros en el Perú son la expresión de una población que ha perdido la confianza en los políticos, especialmente en el presidente Kuczynski, aunque haya salvado su gobierno por este momento, pero con un enorme debilitamiento político y en su legitimidad que no le va a ser fácil poder recuperar en el año 2018.

Cuando los intereses de una familia se convierten en los de la nación…

Los efectos políticos del indulto son profundos: Varios diputados de la bancada del gobierno Peruanos por el Kambio renunciaron a su agrupación, profundizando todavía más la debilidad de Kuczynski y su creciente dependencia del fujimorismo. El presidente ha enajenado a los seguidores de su gobierno y abierto así el camino hacia un fin prematuro de su gestión presidencial. Para muchos seguidores el indulto parece una traición cometida por Kuczynski a su propia base electoral, que puede ser descrita como antifujimorista, gobernando en favor de los intereses familiares del expresidente.

Este viraje lleva al escenario político peruano a nuevas complicaciones: Por un lado se espera una “fujimorización” del gobierno de Kuczynski, ya que no va a lograr escapar a la mayoría del partido Fuerza Popular, liderado por la hija del expresidente encarcelado Keiko Fujimori, en el parlamento; por el otro lado, podría abrirse ahora un espacio para nuevas opciones políticas que pueden escapar a la eterna polarización del escenario político definida por el tema de Fujimori y su excarcelación, que le roba el espacio a posiciones intermedias.

Superar esta brecha política interna del Perú y librarse de su carga histórica solamente sería viable si el mismo Fujimori pueda ser confinado en su misionarismo político que le caracteriza aún a sus casi  80 años de edad con todo y sus enfermedades, que fueron el fundamento legal para el indulto otorgado.

Solamente cuando el Perú logre sanar la herida abierta del régimen de Fujimori en su historia reciente con un esfuerzo contundente de verdad, reconocimiento de culpas y reconciliación, van a poder salir efectos positivos de este nuevo episodio de frivolidad política de una familia peruana.