Después del sismo del 7 de septiembre que afectó sobre todo a Chiapas y Oaxaca, el gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los cuales entregaría Bansefi a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos. Hace dos semanas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó un reporte que fue difundido por la organización Mexicanos Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en donde encontró irregularidades en dicho programa de tarjetas. De acuerdo con el documento de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para 1,495 beneficiarios. Esto quiere decir que se hicieron 3,079 tarjetas (las cuales recibieron fondos) para más personas de las que estaban registradas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles, fue la encargada de realizar el censo de damnificados que se entregó a Bansefi. Esta última institución sería la responsable de depositar el dinero proveniente del Fonden a las tarjetas para apoyar a los damnificados en los trabajos de reconstrucción de su vivienda.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad contactó a damnificados cuyos nombres llegan a aparecer tantas veces como 34, 26, 18, 16 y 14 en algunos casos. Todos estos focalizados en el estado de Chiapas. Ninguna de estas personas recibió más de una tarjeta y en algunos casos, ni siquiera la que les tocaba por derecho. Otra vez el gobierno federal está dejando colgada a la gente del estado más pobre y vulnerable del país. Al desastre social de esta administración (tanto federal como estatal) se le suma el desastre natural del pasado septiembre. Es la corrupción la que hace que esta tragedia parezca no tener fin.
No atendieron el desastre social en Chiapas y dejaron a la gente botada por el desastre natural. Ni una ni otra lograron hacer y ese fracaso es una lápida que carga ese grupo que presume “estar preparado” y “sí saber hacer las cosas”.
Y cómo podría tener fin si a los exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, se les apareció Chiapas hasta el día del sismo. Este último dedicó, mientras fue secretario de Desarrollo Social, a visitar Chiapas solamente 2 por ciento de su tiempo hasta antes del sismo del 7 de septiembre. Lo podría entender del secretario de Economía o del Trabajo —en Chiapas no hay ninguna de las dos— pero, ¿el de Desarrollo Social?
Lo que ya fue, no será, pero Chiapas debió haber sido la máxima prioridad de su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social: focalizar recursos, atender a la gente y fortalecer las instituciones locales que combaten la pobreza. Y es que no es menor la situación de atraso en mi estado natal.
En Chiapas, la pobreza alimentaria ha permanecido en el mismo nivel desde hace más de una década, afectando a 1 de cada 2 niños.
El 75 por ciento de la población vive en pobreza, es decir, 3 millones 782 mil.
En la escala nacional, Chiapas ocupa el primer lugar en prevalencia de bajo peso y baja talla en niños menores de 5 años. El 10.3 por ciento presentó bajo peso, 27 por ciento tuvo baja talla.
El gobierno podrá decir que mucho han hecho por atender el importante problema de la pobreza en Chiapas, pero lo urgente ahora es resolver los problemas de los afectados y damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre.
@ZoeRobledo
Senador de la República por Chiapas
