Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos tomó dos decisiones de alcance mundial: el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el presidente Donald Trump. Ambos eventos, uno político y el otro económico, contribuyen a la incertidumbre que se vive actualmente en el mundo.
Particularmente, la aprobación de la reforma fiscal en el país vecino es, sumada a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un reto para el desempeño de nuestra economía. Aunque aún pendiente de cambios, la aprobación de la reducción del impuesto corporativo de 35 a 20 por ciento tiene el claro objetivo de repatriar capitales y es, entre otras, la medida más agresiva y sobresaliente de dicha iniciativa.
El impacto para México puede ser considerable de no tomar a tiempo las medidas necesarias. Tan solo para dar un contexto, al cierre de 2016, la inversión extranjera directa en México proveniente de Estados Unidos fue de 11.58 mil millones de dólares, y al cierre junio de 2017 fue de 8.14 mmdd lo que representó el 40 y 52 por ciento respectivamente del total de inversión recibida en nuestro país por ese concepto.
Ante la noticia, las reacciones entre directivos, consultores especializados, economistas y líderes de opinión mexicanos, no se hicieron esperar y entre las medidas sugeridas para contrarrestar tal impacto destacaron dos: la primera corresponde a una reducción gradual del Impuesto Sobre la Renta (de 30 a 20 por ciento), compensada con la generalización del Impuesto al Valor Agregado; y la segunda, sobre el regreso del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Independientemente de los múltiples escenarios que se puedan ofrecer como potenciales soluciones, lo cierto es que el análisis no se limita a una simple reducción de las tasas corporativas, sino al resultado final en las tasas efectivas; es decir, lo que realmente pagan los empresarios. En adición a ello, que se paguen impuestos eficientes que no mermen la actividad económica y generen verdaderos incentivos a la inversión. Se necesita de un análisis profundo del sistema tributario en México que contemple, además de las tasas impositivas, los conceptos susceptibles a deducir como los propuestos en materia de prestaciones sociales, así como los incentivos fiscales y otras.
Además de una reestructuración en materia de ingresos públicos, también es oportuno analizar el componente del gasto y de la deuda. El proyecto de planeación llamado Presupuesto Base Cero debe retomarse y aplicarse de forma eficiente con el objetivo de analizar el costo beneficio de los programas federales, incentivando el gasto en infraestructura y reduciendo el gasto corriente. Adicionalmente, el ejercicio del gasto necesita apoyarse de la emisión de deuda pública efectiva, entendiéndola como una herramienta anticíclica que persiga el crecimiento económico, siempre y cuando sea en un marco de responsabilidad hacendaria.
El análisis del actual esquema tributario debe considerar la coyuntura internacional caracterizada, además de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, por los bajos precios internacionales del petróleo y su tendencia a reducir los ingresos petroleros, así como la creciente presión al gasto público.
Más que una reforma fiscal, México requiere de una reforma hacendaria 2.0 que sea integral, busque ampliar la base de contribuyentes a través de la reducción de la evasión y la elusión fiscal, simplifique y refuerce los mecanismos de autentificación de declaraciones y comprobaciones de deducibles, y a su vez, que sea progresiva en el sentido de que abone al desarrollo económico y aliente la inversión y el crecimiento de las empresas. Además de ello, dicha reforma debe alinear en materia de federalismo fiscal, la eficiencia recaudatoria del impuesto predial, que si bien es local, contribuiría en buena medida al fortalecimiento de las finanzas públicas de las entidades federativas.
Por otro lado, es fundamental mantener la generación de políticas de desarrollo que contemplen paquetes de estímulos fiscales a la inversión como el de la Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales, que incrementen la competitividad y reduzcan las brechas del desarrollo económico entre las regiones del país como la sur-sureste.
La solución está en nuestras manos. Los días por venir deberán ser de atención sobre la integración del documento final que detalle el alcance de la reforma tributaria en Estados Unidos y su periodo de aplicación; y, en medio de los tiempos electorales y del cambio de administración, de análisis serio y responsable por parte de nuestras autoridades hacendarias que, en conjunto con la iniciativa privada y la sociedad civil, proponga medidas ideales y factibles de alcanzar en el corto plazo, pero con visión a futuro.
