La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que a través de pagos a empresas fantasma, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las gestiones de Rosario Robles, desviaron mil 311 millones de pesos.

Según tres auditorías forenses realizadas por la ASF a recursos ejercidos en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliarias en distintos países, revela el diario Reforma.

En el caso de Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015.

En tanto, el convenio y contrato realizados por la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.

Rosario Robles estuvo en Sedesol del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu del 27 de agosto a la fecha.

De acuerdo a lo publicado por Reforma, una vez que las auditorias sean entregadas a la Cámara de Diputados, y si los entes fiscalizados no pueden desvirtuar las irregularidades detectadas, la ASF podrá interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Las auditorias revelaron que las transferencias enviadas a Monex se trata de 37.1 millones de pesos, con los cuales se compraron dólares americanos para después ser transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.

Mientras que el monto depositado a CI Banco ascendió a 28.9 millones de pesos, los cuales, tras su conversión a dólares, fue transferido a cuentas de America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

El mecanismo para desviar los recursos consistió en que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades con la intención de eludir los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las contrataciones públicas, detalló la ASF.

Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasma, a quienes,  en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.

Las auditorias, identificadas con las claves D17002, D17011 y D17012, fueron concluidas el 19 de enero pasado y su realización fue autorizada por el Auditor Superior de la Federación en marzo, julio y agosto del año pasado, tras recibir denuncias sobre estos ilícitos, por lo que su revisión se hizo con el carácter de forense.

Este martes, la ASF presentará su tercer informe sobre la revisión que se hizo a la Cuenta Pública de 2016.