Vender tu dignidad por 900 millones de pesos es para muchos un excelente negocio. Para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sin duda lo es. Pero ¿lo es para sus gobernados?, ¿lo es para el resto de los mexicanos? ¿Quién pierde cuando —supuestamente— gana Javier Corral?
Son muchas las dudas que surgen después de la negociación que desbarató la mediática Caravana por la Dignidad, justo cuando arribaba a la Ciudad de México, un punto álgido en la gira que habría atraído muchos reflectores, y los atrajo, pero por otros motivos: la negociación.
No cabe duda de que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, supo mover bien sus fichas, esperó el momento ideal para desbaratar una idea, que quizá con los días se habría convertido en un ideal de muchos, pero quedó demostrado que no era más que una simple ambición de dos caras: desprestigiar al PRI, haciéndole campaña al PAN.
La famosa caravana concluyó después de que la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Chihuahua acordaron la entrega de 900 millones de pesos y la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, a cambio del traslado del exsecretario adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, al Centro Federal de Readaptación Social número 9, situado en Ciudad Juárez.
¿Cómo se supone que ambas partes cumplirán los acuerdos?
En primer lugar, el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Luis Lavalle, ya explicó que el gobierno de Chihuahua requiere un nuevo convenio con Hacienda para acceder a los 900 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación acordó darle, pues la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
No se puede otorgar dinero sin respaldo, asegura el legislador: “y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual, debe retirarla o firmar uno nuevo”.
Entonces las cosas no son tan fáciles como se piensan, ya que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que Hacienda entrega por un convenio está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable, y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar sustentados en estos convenios.
En síntesis, no se puede retirar el dinero como si de un cajero automático se tratara.
En lo que se refiere a la extradición del exmandatario César Duarte, es preciso aclarar que la Procuraduría General de la República ya giró seis recursos ante la Interpol, los cuales son revisados por la institución policial internacional. Ante el convenio antes referido, la PGR presentó la séptima solicitud de detención con fines de extradición.
No obstante, no está en manos del gobierno federal la detención de Duarte, que bien podría estar en El Paso, Texas, pero también podría estar en alguna ciudad holandesa.
Con respecto a lo que le toca a Javier Corral referente al traslado de Alejandro Gutiérrez, aún no se han puesto de acuerdo en cuáles serán las condiciones para esta transferencia.
Aunque no estoy diciendo que esta negociación sea parte de una solicitud de inmunidad, la pregunta es: ¿dónde queda la solicitud de justicia que tanto reclama el mandatario? A decir de Corral, con este movimiento se elimina el argumento de que Gutiérrez sufre de tortura, de tal modo que no sea un elemento que pueda influir en el caso.
