Los mosqueteros de Alexandre Dumas decían: “Todos para uno”, pero el Grupo de Lima prefiere: “Todos menos uno: Venezuela”. El 8 de agosto de 2017 fue creado un grupo a partir de la Declaración de Lima, la cual reunió a 17 países para tratar de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Este miércoles, la instancia regional decidió sesionar sin la presencia del presidente Nicolás Maduro, quien prácticamente fue declarado “persona non grata” en la Cumbre de las Américas.

La decisión fue respaldada por unanimidad durante la apertura de sesión en Lima, la cual fue presidida por la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín que, en voz del bloque integrado por México, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Paraguay, Costa Rica y Panamá, entre otros, exigió a Maduro que presente un nueva calendario electoral; una petición que respalda las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Para empezar, se resolvió que Maduro no fuera invitado a la cumbre basado en el principio aprobado en 2001 en Quebec que dice: “Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en cualquier estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en la Cumbre de las Américas”.

También se pronunció contra unas elecciones que consideró ya están amañadas por el madurismo y no da la menor esperanza a los opositores al régimen. Asimismo, destacaron las denuncias hechas por la Corte Penal Internacional de La Haya y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre calidad de la democracia en Venezuela, la cual condena los comicios de abril próximo como faltos de transparencia y credibilidad, ya que se realizarán sin “la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.

El Grupo de Lima recibió una carta de un grupo de venezolanos donde se proponen cuatro puntos, a saber: “poner en marcha un plan de emergencia de apertura de un canal humanitario, para proveer la ayuda humanitaria en comida y medicinas para el pueblo de Venezuela”.

Algunos de los firmantes fueron Paulina Facchín, en representación de la Unidad; Juan Daniel Tapia de Primero Justicia, y miembros de Acción Democrática, Voluntad Popular y Operación Libertad. La medida fue aceptada y comentada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.