Con la reforma energética se dio un paso importante hacia la modernización de este sector en nuestro país. Históricamente, buena parte del desarrollo económico y social de México se ha sustentado en su riqueza petrolera, por lo cual, la reforma y el cuerpo de modificaciones constitucionales, legales y estatutarias que permitieron la participación de empresas privadas en diferentes actividades del sector se consideran un hito importante en el fomento de esta actividad.
Uno de los objetivos concretos que buscó la implementación de la reforma energética fue la disminución del precio de las gasolinas, gas y la reducción de las tarifas eléctricas a partir de contar con un mayor abasto de energéticos; con ello, se alcanzarían estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiablidad.
Sin embargo, durante 2017, se registraron aumentos en las tarifas de electricidad, así como en el precio de gasolinas, gas natural y LP. A manera de ejemplo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado el incremento en el componente de la electricidad comercial fue del 7.92 por ciento, en el caso de industrial en media y en alta tensión fue de 8.53 y 8.93 por ciento respectivamente, y para la de bombeo de aguas de riego agrícola fue de 11.74 por ciento. Lo anterior ha desatado la inconformidad de algunas cúpulas empresariales.
En el caso del precio de las gasolinas y, como comentamos en una publicación anterior, los aumentos de precios se explican por la depreciación del tipo de cambio y el crecimiento de los referentes internacionales. Ahora bien, en el caso de las tarifas eléctricas, los crecimientos están asociados al cambio de metodología de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la determinación de precios en el suministro eléctrico básico que se cobra en hogares, comercios y algunas empresas.
De acuerdo con la CRE, las tarifas ahora se fijan con base en dos principios generales, la recuperación de todos los costos eficientes de la Comisión Federal de Electricidad y el reflejo de las condiciones temporales del costo del servicio eléctrico. En otras palabras, los precios que veremos de ahora en adelante de las tarifas eléctricas dependerán de la eficiencia (o ineficiencia) en costos que se generen a lo largo de la cadena de producción y de distribución eléctrica, así como de las variaciones estacionales a lo largo del año, dependiendo de la temporada de mayor o menor consumo. Así pues, vemos que la intención de la CRE es que los precios dependan de la eficiencia del mercado.
Si los mercados no operan de manera eficiente y por lo tanto los precios de los energéticos no disminuyen como busca la reforma energética, entonces el crecimiento de los precios de la electricidad y el gas restará competitividad a la industria y afectará los hogares a través de mayor inflación. No contar con precios competitivos repercute directamente en los costos de producción, lo que pondría en riesgo la rentabilidad de las empresas.
Ahora bien, sabemos, por la experiencia histórica, que los mercados recién liberados no van a operar de manera eficiente si no se cuenta con las condiciones de infraestructura adecuadas, que en este caso son redes eléctricas, gasoductos y oleoductos y la logística de transporte, así como con instituciones sólidas encargadas de su regulación, e incentivos a la inversión.
Este conjunto de preponderantes son necesarios para eliminar las distorsiones del mercado. En 2018, los mercados energéticos estarán a prueba. Las instituciones encargadas de su regulación deben contar con información estratégica, conocer las dinámicas de los mercados internacionales y realizar un monitoreo continuo de precios, que les permita actuar de manera oportuna y asegurar su adecuado funcionamiento, dando como resultado la determinación de tarifas óptimas para los consumidores.
Estamos hablando de un sector crucial para el futuro de nuestro país y de su actividad productiva, durante los próximos 15 y 30 años. No es poca cosa lo que está en juego; es un año de verdadera prueba; actuamos ahora o los riesgos de echarse para atrás representarían un daño irreparable para muchos años que sería muy difícil corregir. Por ello, trabajemos para que este 2018 logremos una liberalización exitosa que nos catapulte al desarrollo.
