Abrió el fuego Ricardo Anaya, candidato del PAN-RD, quien acusó al gobierno de la república de estarlo espiando. Para reforzar su dicho, difundió un video en el que lo sigue un hombre, José Juan Gaeta, agente del Cisen, quien se dice comisionado “para que no pase ningún problema en carretera”.

Salió a responder Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, quien declaró que, en efecto, se realiza un seguimiento de “todas las actividades relevantes en el país”, pero que no se trata de espionaje ni de intromisión en la vida personal de nadie.

Por su parte, el Cisen informó que se sigue a los precandidatos a la Presidencia de la República, así como a otros aspirantes a cargos públicos como parte de los protocolos del gobierno federal para evitar algún incidente en contra de los precandidatos.

Al parecer, a los partidos de oposición no los convenció la explicación de Navarrete Prida ni la del Cisen, pues diputados del PAN, el PRD y Morena “exigieron al gobierno federal que saque las manos del proceso electoral y deje de usar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para espiar y amedrentar a los precandidatos presidenciales” (Excélsior, 14/II/2018).

Rocío Nahle, de Morena, dijo que el abanderado de su partido, Andrés Manuel López Obrador, siempre tiene un vehículo que lo sigue por parte del Cisen y asegura que le revisan (a AMLO) “hasta la basura”. Igualmente, Ricardo Anaya, declaró que “en lugar de perseguir delincuentes espían opositores. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos”.

Lo cierto es que el Estado —y en este caso el gobierno— tiene la obligación de proteger a los precandidatos presidenciales y estos no debieran molestarse por eso. Se dice pronto, pero no hay una línea que separe las tareas de protección de lo que es mero espionaje. Los reportes que pasan los agentes al Cisen sirven para ambas cosas.

Lo que procede, creemos, es que los dirigentes de los partidos y el secretario de Gobernación discutan el asunto y establezcan algunas reglas, pero de ninguna manera las autoridades deben renunciar a las tareas de protección de los precandidatos que están por convertirse en candidatos. Si el problema es Alberto Bazbaz, director del Cisen, a quien se acusa de haber usado información confidencial contra opositores políticos cuando estaba en Hacienda, pues que lo remuevan. Pero el Estado, insistimos, no puede renunciar a sus deberes. Un atentado contra cualquiera de los aspirantes a la Presidencia sería un grave problema nacional. No es juego.