En el deber está la licitación del derecho. Víctor Balaguer
Los miembros de la Real Academia de la Lengua Española incluyen en su multiconsultado diccionario el término gánster, definiendo con ese vocablo a cualquier “miembro de una banda organizada de malhechores que actúa en las grandes ciudades”, y es en ese este contexto que nos parece perfectamente aplicable a la actuación de un saliente y desesperado gobierno de la ciudad que, ante la expectativa de perder el control de la metrópoli, actúa como un malhechor en esta gran urbe.
Prueban la anterior descripción acciones tales como el latrocinio cometido en contra de la calzada procesional de Los Misterios, en la delegación Gustavo A. Madero y, subsecuentemente, en el Paseo de la Reforma; vialidades “adecuadas” a las necesidades del negocio concesionado a los “patrocinadores” de la línea 7 del Metrobús, quienes han auspiciado el engaño y la simulación de sus empresas con la connivencia gubernamental para incumplir las disposiciones instruidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de hacer convivir las adecuaciones viales y equipamiento del proyecto con sus disposiciones, consistentes en proteger el patrimonio cultural de la nación.
A estos temas debemos añadir el de las “formas represivas” instruidas por el gobierno para imponer a los vecinos de las históricas colonias Tabacalera, Santa María la Redonda y San Rafael la concesión a la explotación del programa de parquímetros otorgado a la empresa Mojo Real State, cuyo nombre espeluzna y acredita la tragedia de la venta de garaje de la ciudad a favor del capital extranjero.
Los malhechores que operan el gobierno de la ciudad prefieren el uso de la fuerza pública a los esquemas de concertación y conciliación que, desde hace tiempo, se han venido procesando en función de experiencias sociales que han permitido generar esquemas de control vecinal sobre temas tan espinosos como el de los parquímetros.
Ahí está, como prueba de ello, el exitoso mecanismo de concertación social que —en 1994— facilitó a la administración de Espinoza Villarreal impulsar el Programa de Parquímetros en la colonia Cuauhtémoc, en el que el presidente de su Asociación de Residentes, Vicente Saiz Tejero, supo defender el interés de sus agremiados, procesando, a favor de la comunidad, fórmulas de control vecinal de los recursos generados por el contrato.
La búsqueda de mecanismos de concertación social llevó a la I Legislatura de la Asamblea capitalina a instaurar la consulta como un instrumento legal que garantizara la participación social ante los nuevos mecanismos de cogestión económicos aplicables en la ciudad.
Tal y como en su momento defendió el político catalán Víctor Balaguer, en aquellos ayeres la licitación del derecho se vinculaba al deber y no como ahora que el gansterismo gubernamental remata lo que puede e impone por la fuerza el espacio y los servicios públicos de la ciudad.
