Este lunes no ha resultado una jornada plácida para Nicolás Maduro. El presidente chavista de Venezuela ha visto como la estadística que refleja la actualidad le ha saltado a la cara por diversas vías. La primera de ellas llega a través del informe elaborado por la ONG del país caribeño Paz Activa, que en su informe de 2017 ha detectado un aumento de la violencia consiguiente a la actividad ilícita del crimen organizado en la nación americana.

Los datos, presentados por el director ejecutivo del organismo, Luis Cedeño, desnudan que el crimen organizado causó 1.335 casos, 51 más que en 2016. Según el relato de los datos compilados, sólo en el parámetro correspondiente a los asesinatos a manos de un sicario se ha registrado un descenso. En 2017 se ejecutaron a 262 personas por encargo, mientras que en los 12 meses anteriores se asesinaron a 310 víctimas de este tipo de actividad delictiva.

Paz Activa, que ha denunciado que en el presente 22 personas son asesinadas por encargo al mes en Venezuela, ha explicado que el 66,7 % de los homicidios a manos de sicarios se reportaron en el estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), resultando el 89% de las víctimas hombres. Y el 83,2% de esa tenebrosa cifra de asesinados pertenece al rango de edad que comprende desde los 18 años hasta los 44. Las zonas de clase baja son el principal foco de estos delitos.

Por otro lado, el estudio, elaborado a través de las publicaciones diarias de más de 50 medios de comunicación nacional y regional, revela que el tráfico de drogas es el segundo delito más común relacionado con el crimen organizado, con 256 casos registrados. La extorsión (248 episodios), el secuestro (206 casos) y el contrabando (170 notificados) son las otras formas delictivas que más se reseñaron en 2017. Pero también se tiene constancia de 77 delitos financieros, 67 de corrupción, 29 de lavado de dinero, 12 delitos informáticos y 8 relacionados con la minería ilegal.

El monto total de víctimas en el país se cifra, segun cálculos no gubernamentales, en un promedio de 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, esto es, 26.616 víctimas, lo que mantiene a Venezuela como el segundo lugar del mundo más peligroso por detrás de El Salvador.

Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, instó a América Latina a “dar respuestas a los refugiados venezolanos”. La salida en masa de los ciudadanos que huyen de la crisis a la que no ha dado solución el gobierno chavista ha generado un problema regional de notables proporciones. Así lo expone la ONU, que llega a tratar el tema, por el volumen de los exiliados, ccomo un problema de primera magnitud.

“Repito lo que ya dijo el secretario general de la ONU, António Guterres: esperamos que la situación en Venezuela se solucione y rápido, pero hasta que eso ocurra es necesario dar una respuesta meramente humanitaria, no política“, proclamó Grandi, quien destacó a las autoridades brasileñas en el sentido solidario de su reclamación.

Según datos de Acnur, unos 133.000 venezolanos han solicitado refugio en otros países entre 2014 y 2017, pero a ellos se agregan otros 363.000 que se han acogido a otras “alternativas legales”. Sólo Brasil, y en concreto la región de Roraima -uno de los estados cariocas más pobres y al que en 2017 llegaron 40.000 venezolanos, ha dado una respuesta “satisfactoria”. Aunque el desborde de la situación haya provocado que se reforzara la frontera de esa zona con una treintena de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad. Las infraestructuras no llegan.

“Hablar del drama de los refugiados es hablar de conflictos, de dictaduras, de destrucción de modos de vida, pero también es hablar de solidaridad, humanidad y respeto, y eso es lo que los refugiados encuentran en Brasil”, destacó el canciller brasileño, Aloysio Nunes, uno de los elementos políticos que han tenido que amoldarse a la disparada llegada, arrolladora en número, de venezolanos en los últimos meses del pasado año.

Por último, en el día en que se activó una bomba lacrimógena en Metro de Caracas, la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de su país una orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. “Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala plena, a presentar un ‘antejuicio de mérito’ y lo estamos pidiendo por dos delitos: corrupción propia y legitimación de capitales”, dijo desde Bogotá.

Ortega se refiere la campaña presidencial de Hugo Chávez, en 2012, que según sus pesquisas fue financiada por Odebrecht por medio de Maduro, que entonces ocupaba el cargo de canciller. La fiscal pasó, entonces, a detallar lo descubierto: “Recibió de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana los dineros, ellos confesaron que fueron contratados por Odebrecht para negociar con Nicolás Maduro en la propia Cancillería venezolana el pago de la campaña y el financiamiento de esta campaña presidencial de Hugo Chávez”.

“Muchos pagos se realizaron a través de Joao Santana, que junto con su esposa Mónica Moura eran los encargados de pagarle a Nicolás Maduro. A través del banco Heritage abrieron una cuenta offshore ubicada en Suiza. Asimismo fue utilizado el banco Meinl Bank de Antigua, entidad financiera perteneciente a Odebrecht”, señaló antes de concluir afirmando que la campaña electoral de Maduro de 2013 también fue financiada por Odebrecht a cambio de la concesión de más obras.

“En el escrito que estamos presentando al legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezolano estamos pidiendo (…) que también oficie a la autoridad competente de Perú” para que detenga “inmediatamente” a Maduro si va a ese país, como “tiene proyectado”, añadió. Y es que el Gobierno venezolano ha manifestado que pese al rechazo de Perú, Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril.