Estamos a solo unos cuantos días de que concluya la etapa electoral denominada “precampaña”, cuando lo que hemos testificado es claramente una campaña en la que de nuevo por desgracia ha imperado la descalificación y la injuria entre los adversarios sin privilegiar las propuestas o programas. El insulto primero que el argumento. A eso hemos llegado. Y tercamente reitero mi llamado a la dignificación de la política. A colocar por encima de las legítimas aspiraciones políticas y las ambiciones personales de poder, el bien de la nación.

Esta reflexión siempre presente se actualiza con la conmemoración al inicio de esta semana del 101 aniversario de nuestro texto constitucional que contiene el pacto vigente de la sociedad. En ella se comprenden los valores y elementos rectores, producto de nuestra historia. A través de este pacto social, los mexicanos exigimos que la autoridad subordine su actuación al interés general y siempre en observancia de la norma jurídica. En ella creamos un Estado de derecho. Sin soslayar o pretender obviar que son muchas las normas jurídicas que se violan sin sancionar al trasgresor, y esa impunidad se convierte en un cáncer social que hay que destruir.

La Constitución establece, entre otros, los parámetros de la contienda electoral, determina las instituciones para su implementación, para el desarrollo del proceso, y para su impugnación y desacuerdos en los resultados. No puede alentar el desorden, la violencia, ni dar las vías para su propia destrucción. Las elecciones deben desarrollarse y concluir bajo esas normas jurídicas y no están sujetas a presiones políticas de nadie. Nadie por encima de la ley.

Nuestra Constitución es un cuerpo normativo que privilegia el orden y la razón. Las reformas estructurales aprobadas por el constituyente permanente en los últimos años, y cuyos aún incipientes resultados se empiezan a notar, no pueden servir, en el marco de la lucha electoral, como pretexto para el encono y la división entre los mexicanos. No son tampoco “tablas de la ley” imposibles de modificar. La propia Constitución tiene los mecanismos para realizarlo.

Las naturales diferencias de opinión, de visión y de estrategia, para conseguir el progreso de nuestra nación, deben ser discutidas y dirimidas en el marco de las instituciones y del orden jurídico. Apostar por la anarquía, el desorden y la improvisación solo traerá como resultado el caos, la desconfianza y el enfrentamiento estéril que a nada bueno conduce. Y el proyecto de nación que la mayoría de los mexicanos decidan se votara sin duda alguna en unos cuantos meses.

Preocupa a quienes creemos en el derecho como motor del cambio social, algunos signos autoritarios que han comenzado a aflorar en la retórica electoral y de promesas de campaña, que implican modificaciones constitucionales y solo muestran un profundo desconocimiento de la propia Constitución —aunque se invoque su espíritu— porque ignoran el sistema de pesos y contrapesos constitucionales en el ejercicio del poder. Muchos sacrificios, luchas e incluso sangre derramada nos ha costado llegar a donde estamos, no traicionemos nuestra incipiente democracia.