A casi siete meses de la aparición del socavón en el Paso Express de Cuernavaca que cobró la vida de dos personas, la organización Impunidad Cero presentó una investigación en la que señala a 13 responsables administrativos que incurrieron en conductas y omisiones que ocasionaron el accidente.

Irene Tello, directora de Impunidad Cero, dijo que con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,  se encontraron dichas omisiones entre las que se encuentran las del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien debería ser destituido y acreedor a una sanción económica.

Destacó que entre las obligaciones de Ruíz Esparza se encontraba “la responsabilidad de supervisar las labores de sus inferiores jerárquicos” y también por haber dicho que “la obra tendría una duración de 40 años”, en un video publicado en abril de 2017.

En tanto a Clemente Poon, director general de Carreteras, se le atribuye la responsabilidad de haber iniciado la obra sin contar con un proyecto ejecutivo definido, además de fallar en su responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra y porque su personal subordinado tuvo conocimiento desde el comienzo de la obra de los riesgos que presentaba la alcantarilla y el drenaje en el kilómetro 93+857.

“Al menos 13 veces, la SCT tuvo noticias de que el alcantarillado que estaba debajo del Paso Express era insuficiente para el tipo de agua que pasaba. Es importante, ellos supieron y tienen que recibir algún tipo de sanción, ya sea económica, institucional y la inhabilitación temporal de 10 a 20 años, multa o destitución”, afirmó Tello.

A José Luis Alarcón Ezeta, ex delegado de la SCT en Morelos, también se le responsabiliza de conductas “gravísimas”, ya que fue notificado por el director de Protección Civil de Cuernavaca de la necesidad de sustituir el tubo del drenaje.

Ante las irregularidades, Impunidad Cero indica que pese a que hubo una reparación del daño, que evitó la responsabilidad penal de funcionarios, dicho acuerdo no los exime de algunas sanciones administrativas, pues si esto no sucede habrá impunidad.

Mientras para Ruiz Esparza piden que la sanción que se le aplique sea la destitución y una sanción económica, al resto de los funcionarios consideran que además de inhabilitarlos por 20 años, se les debe aplicar una multa, así como la destitución del cargo.

“Sabemos que hay un proceso aún en pie, pero con esta investigación lo que queremos decir es que los ciudadanos tenemos derecho a exigir que estos procesos sean más transparentes. Independiente al proceso que se lleva, en seis meses no se ha sancionado a nadie y queremos saber qué va a pasar con este proceso porque si no, terminará en la impunidad”.