“Mi dolor es el viento del norte y el viento del sur”. César Vallejo

En las últimas décadas miles de venezolanos han tenido que salir de su país debido a la situación tanto económica como política a la que han llegado como consecuencia de las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ejemplo de ello es el indicador del Índice de la percepción de la corrupción difundido por Transparencia Internacional, que en la edición de 2016 tiene el puesto diez entre las naciones más corruptas del planeta, y la de peor porcentaje en el continente.

En un fenómeno extraño para la sociedad venezolana que en pocos años pasaron de ser un país receptor de migrantes a un expulsor de connacionales que buscan mejores oportunidades de vida en lugares distantes como Colombia, Panamá, Chile, Europa, Estados Unidos, entre otros.

Los exiliados venezolanos si bien crean comunidades en el exterior también adelgazan el tejido social con el alejamiento de los lazos familiares ante la salida de su patria.

No obstante, la estancia de los migrantes venezolanos en otros países también generan otros tipos de problemas, entre ellas la recepción afectiva por parte de los anfitriones, que en muchas ocasiones –como a otros migrantes latinoamericanos- no ha sido del todo receptiva.

El salir del país en un éxodo para ser más feliz ya es algo cada vez más común para los ciudadanos de la nación de Bolívar. Si bien no hay una cifra comprobable de cuantos venezolanos han huido de su patria en los últimos años esta puede ser cercana al millón y medio de personas, lo cual es preocupante si consideramos que la población nacional es de 31.5 millones de personas, es decir, hasta un 5% del total de habitantes han tenido que buscar otras oportunidades de subsistencia en el extranjero.

Este fenómeno es particularmente visible en la vecina Colombia que acapara una mayor proporción de migrantes. Sin embargo, la necesidad hace que los migrantes busquen vencer barreras naturales como el mar, la selva o la montaña para alcanzar diferentes libertades y calidad de vida en zonas de Brasil, Curazao o Aruba, para que de forma temporal puedan reorganizar su ruta y buscar diferentes destinos.

No obstante los problemas que afrontan los venezolanos en el exterior, aún son víctimas de decisiones políticas que invisibilizan sus necesidades y marginan sus derechos. Ejemplo de esto es el cierre del consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estados Unidos desde 2012 por orden del entonces presidente Hugo Chávez, lo cual perjudicó a miles de migrantes que radicaban en el sureste de la Unión Americana.

Con esta decisión los refugiados no podrían acceder a servicios básicos como tramitar comprobantes de identidad, lo que vulneraba sus derechos y complicaba su actuar diario.

Pese al llamado de las organizaciones de la sociedad civil y las peticiones de millares de venezolanos en el exterior para solicitar la reapertura del consulado de Miami, la administración pública encabezada por Nicolás Maduro ha ignorado ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los migrantes que sus políticas públicas a expulsado fuera de sus fronteras.

Otra forma de discriminar a los migrantes por parte del gobierno venezolano es impedir que puedan votar fuera de su país de origen. Si bien lo probable es que la opinión de los ciudadanos en el exterior sería contraria a la del partido dominante esta acción es muestra del nulo interés de Caracas para escuchar a todas las voces en la toma de decisiones.

Sólo pueden votar en el extranjero los electores cuyo estatus de permanencia en otra nación sea legal, lo que margina a quienes tuvieron que huir por la situación social y política. Los refugiados no tienen derecho al sufragio, han sido callados por el oficialismo.

Pese a la imposibilidad de ser tomados en cuenta para decisiones fundamentales como la creación de la Asamblea Constituyente, los venezolanos en el exterior se han organizado para expresar su sentir y definir hacia donde quieren que vaya su país.

Desde múltiples solicitudes de asilos y el apoyo de sus paisanos en otros países hasta depositar su papeleta en las urnas del plebiscito del 16 de julio de 2017 –declarado inconstitucional por el Gobierno y no reconocido por el Consejo Nacional Electoral- han sido diferentes los tipos de esfuerzos para lograr reconocimientos a sus derechos, los que han sido minimizados por su condición migratoria.

El huir de su tierra natal no siempre permite ayudar a los suyos en Venezuela. Pese al envío de remesas, medicinas o artefactos para el uso cotidiano desde el exterior, no siempre llegan a manos de las familias que lo necesitan en dicha nación sudamericana.

Decomisos, saqueos y robos en el proceso de envío son muestra de estas pérdidas, lo que abona a la corrupción que ha distinguido en la percepción difundida por Transparencia Internacional en los últimos años.

Pese a la solidaridad de diferentes personas a escala mundial que han dado apoyo a los migrantes venezolanos cada vez es más difícil escapar de su país. Líneas aéreas de Sudamérica, Europa y Norteamérica han dejado de volar hacia las ciudades de esta demarcación.

Aunado a esto, la escasez de dinero nacional y divisas, además del costo de la vida complican los planes de quienes  anhelan un mejor porvenir fuera de sus fronteras. Ante una situación de emergencia humanitaria el panorama es incierto para una población cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH) bajó el último año y que el migrar es cada día, un mayor privilegio.

El autor es Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas. Universidad de Alcalá.