La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual 2017. Con tal acción se busca promover el cumplimiento de las decisiones de ese importante órgano supranacional, asegurar el acceso a las víctimas y monitorear la situación de los derechos humanos en la región.
En el capítulo V se contiene el resultado del seguimiento de las recomendaciones fincadas a nuestro país de acuerdo con seis grandes rubros: I) seguridad ciudadana; II) desapariciones y desapariciones forzadas; III) torturas; IV) ejecuciones extrajudiciales; V) acceso a la justicia; VI) afectación de grupos particulares como personas LGBT, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.
La lectura de dicho documento pone de relieve que el proceso de cumplimiento de las observaciones acusa graves y delicadas fallas, lo que esencialmente se explica por la total falta de voluntad política, la nula adhesión a la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 que ha mostrado el gobierno de Peña Nieto. Por ello, a lo largo y ancho del país, se advierte el desacato generalizado del imperativo categórico consignado en el artículo 1 de la carta magna, según el cual todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Tras aseverar que la guerra antinarco ha producido violencia, ataques sistemáticos a los derechos humanos e impunidad, y que desde 2014 los militares no registran cifras sobre personas muertas o heridas en sus operativos, el ombudsman hemisférico propuso lo siguiente dentro del subcapítulo de la seguridad humana: I) reorientar el abordaje del tema de las drogas de un enfoque de militarización, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública; II) desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública; III) asegurar que, en casos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales, las líneas de investigación incluyan la responsabilidad por cadena de mando.
En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Interamericana no se anduvo por las ramas y advirtió que es contraria a los estándares de derechos humanos e implica la normalización de la presencia de militares en labores de seguridad pública; igualmente subrayó que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de las policías y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas.
Si sumamos estos señalamientos a las severas críticas hechas hace poco por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es claro que la alerta roja internacional está encendida y por tanto no cabe fingir demencia ni emular al avestruz. De ello deben tomar nota especialmente los ministros del máximo tribunal, a quienes compete la responsabilidad de restaurar la vigencia del Estado constitucional de derecho.
