“Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad e influir en la vida de los ciudadanos quienes ven debilitado al gobierno”.

Las palabras son del ​contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, quien advirtió del riesgo de que el crimen organizado tenga injerencia en el actual proceso electoral.

“Es una advertencia”: Aceves Jiménez

Para el especialista en seguridad nacional y maestro en la materia por la Armada de México, Rodolfo Aceves Jiménez, el planteamiento del contralmirante Barney, a la luz de los hechos que México está viviendo, es una declaración preventiva.

 “No hay indicios, hasta el momento, de la incidencia de la delincuencia organizada sobre las campañas, sin embargo hay puntos rojos como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, quizás algunas zonas de Veracruz; creo que la declaración fue una advertencia de lo que se pudiera presentar”, explicó nuestro entrevistado.

De hecho, al momento de realizar la entrevista vía telefónica, se daba la noticia del asesinato ​del candidato del PRI a la presidencia municipal de Francisco Z. Mena, Puebla, Gustavo Martín Gómez Álvarez. Rodolfo Aceves lo consideró en sus respuestas.

 “La latencia sí la hay, el riesgo es que en todo caso los candidatos lleguen lo más limpios posible, que no tengan vínculos con algún otro factor real de poder, porque si no, al final del día a quien obedecerían es al poder fáctico que los colocó en el cargo, no al voto popular como debería ser; de que existe el riesgo, existe, depende de los resultados o de los compromisos que cada candidato tenga que asumir”, explicó.

En relación con el tema de la protección a los candidatos, Aceves Jiménez consideró que se trata de un asunto complejo —incluso uno de los actuales aspirantes presidenciales rechazó esta posibilidad—, pero que se debe presentar junto a investigaciones que identifiquen previamente cualquier riesgo.

 “Se debe considerar si existe algún vínculo con la delincuencia organizada. A quien se le da protección es a los candidatos a la Presidencia de la República, a los candidatos a diputados o presidentes municipales no les dan protección. Estimaría que lo mejor es que cuando sean ungidos candidatos por sus partidos, a partir de ahí se realice una investigación para conocer sí hay algún vínculo que los pudiera desacreditar en el ejercicio del poder o si se sabe de algún riesgo que pudiera implicar una pérdida de vidas o daño a la integridad física”, completó el también conferencista en el Curso de Mando y Estado Mayor Naval.

Otro aspecto que se abordó en la entrevista fue el relativo al impacto que las acciones comentadas en este espacio, en particular a la luz de los asesinatos de candidatos, pudiera tener en los electores.

 “Hay dos escenarios que son de gravedad. En el primero, que los candidatos sean puestos por alguna otra figura que no sea el voto popular, el compromiso sería con quien los puso, una fuerza ajena que los llevo al poder; esto trae como consecuencia que exista una vulnerabilidad del Estado; entonces, para investigar a los candidatos no hay voluntad o no hay elementos humanos para hacerlo; en el otro escenario, que eliminen a un candidato que resulte incómodo para el crimen organizado, estaríamos frente al triunfo de un poder fáctico que se impone al Estado legalmente constituido. Creo que eso es mucho más grave, porque se está imponiendo la voluntad de un tercero ajeno a la legalidad, a las leyes, al Estado de derecho, al sistema democrático, para imponerse en contra de la voluntad, incluso, de las mismas autoridades establecidas. Sería muy grave, insisto, porque sería una muestra de la debilidad del Estado, pues no podría garantizar la seguridad de los candidatos; y es débil, además, con sus estructuras políticas y el régimen democrático”, expuso Rodolfo Aceves.

Con base en el contexto anterior, nuestro entrevistado evaluó el rechazo del candidato presidencial de Morena a que se le brinde seguridad, así como las propuestas que presentó para el gabinete en este ámbito, algo que poco tiempo después modificó.

 “Lo único que está haciendo es enrarecer el ambiente en el ámbito militar mexicano. Ellos están acostumbrados a cumplir órdenes, a ajustar sus actos al marco legal. Si algún candidato llega y les dice que ya tiene a quien va a ser el titular, eso causa confusión entre la tropa, porque quienes López Obrador propuso para encabezar Sedena y Semar no cumplen los requisitos ni el perfil para estar en la titularidad de una secretaría de Estado. Además, el hombre solamente da a entender que quien lo está asesorando no lo hace de manera correcta o ajustado a derecho, sino con juicios de valor ajenos a lo que establece el derecho”, afirmó Aceves Jiménez.

Radiografía del riesgo

Una de las condiciones para que el crimen organizado prospere es tener un Estado débil. Por eso los líderes de las bandas criminales se han dedicado a corromper distintas estructuras de la administración pública, empezando por los miembros de las policías e, incluso, de las fuerzas armadas.

Así, cooptada esa primera línea de defensa, su actividad se puede realizar con menos obstáculos. De acuerdo con Juan Pablo Becerra Acosta, periodista de Milenio Diario, la cantidad que un cártel como el de Los Caballeros Templarios paga en materia de sobornos al año puede ascender a los 325 millones de pesos, una cantidad que indica lo lucrativo de este negocio y la posibilidad de que se pueda destinar tal cantidad de dinero para este rubro.

Pero los policías no son los únicos en entrar en la nómina de las organizaciones criminales. También se ha llegado a corromper a funcionarios municipales o legisladores.

El caso de Julio César Godoy en Michoacán ilustra la manera en que se ha establecido una complicidad entre miembros del crimen organizado y legisladores.

Si el dinero falla, entonces los delincuentes recurren a la otra opción que dicta la máxima de “plata o plomo”, procediendo a eliminar a los políticos que no aceptan la complicidad que implica recibir dinero de este tipo de organizaciones.

El propio Godoy Toscano, en su campaña por la diputación correspondiente al distrito I de Michoacán sufrió el asesinato de su suplente en 2009, Gustavo Bucio Rodríguez.

La falta de información e investigación en algunos asesinatos políticos no permiten establecer claramente cuáles tienen detrás móviles relacionados con asuntos partidistas —como el caso de los panistas Braulio Zaragoza y Jorge Bajos Valverde, relacionados con la disputa por posiciones políticas y candidaturas—, o son consecuencia de la negativa a ofrecimientos del crimen organizado.

Para el especialista Jorge Chabat, en una colaboración publicada en Letras Libres, “el narcotráfico debe, en la relación con el Estado, moderar sus impulsos naturales a la corrupción desmedida, a la violencia desmedida, a apoderarse del Estado. Si el narco cae en la tentación y se vuelve conspicuo, al final el negocio se viene abajo. Esto no significa que no pueda pasar. De hecho ha ocurrido en el pasado. Ha habido momentos en los cuales el Estado mexicano parecía abiertamente trabajar para el narco, como en 1985, cuando se da el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Esa situación fue, al final, contraproducente para el propio narcotráfico. Propició presiones muy fuertes de Estados Unidos y fue un factor de deslegitimación del gobierno mexicano, y un gobierno deslegitimado no es útil al crimen organizado. En este sentido, es muy probable que, después de la etapa de reacomodo que están experimentando las bandas del narcotráfico en México, al final se llegue a un nuevo equilibrio en el cual las organizaciones de narcotraficantes sean menos notorias, tal vez más pequeñas y los niveles de violencia y corrupción no deslegitimen el Estado mexicano ni propicien presiones del exterior. Ello, paradójicamente, va a ser un signo de que el tráfico de drogas es un negocio boyante. Con niveles discretos de violencia y de corrupción, pero, por lo mismo, boyante”.

Por lo anterior, la campaña electoral por iniciar nos podría dar más malas noticias en este sentido.

@AReyesVigueras

Te puede interesar: Perspectivas de la influencia de la delincuencia organizada en la próxima elección presidencial, documento del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México.

La seguridad nacional en el contexto político

Acaba de aparecer en librerías el resultado de la investigación acerca de la seguridad nacional en nuestro país del almirante José Luis Vergara Ibarra, oficial mayor de la Secretaría de Marina, editada por Siglo XXI.

El texto, una obra que presenta el concepto a través de la historia y de diversos enfoques analíticos, también pasa revista a la relación de grupos criminales y su influencia en el ámbito político.

Así, el autor —al señalar los elementos que inciden en la seguridad nacional— menciona a los actores que pueden tener incidencia en materia político-electoral: “terroristas y grupos criminales pueden ejercer el poder asimétrico basado en su disposición de utilizar la violencia, fomentar la corrupción y afectar la política”.

Al hablar del factor político de la seguridad, Vergara Ibarra apunta a que “la seguridad política hace referencia a la estabilidad institucional que permite mantener el orden social y atender las amenazas no militares que afectan la soberanía del Estado”, además de enfocarse en el caso de naciones que, como México, cuentan con una debilidad institucional.

 “Por el contrario, la mayoría de las naciones en desarrollo presentan todas o algunas de las características de los Estados débiles: […] debilidad institucional e incapacidad para promulgar políticas nacionales o realizar funciones básicas del Estado como la recolección de impuestos, proveer ley y orden; inestabilidad política, evidenciada por golpes de Estado, rebeliones, protestas y frecuentes cambios violentos de gobierno; la centralización del poder político en un solo individuo o elite pequeña que comanda la maquinaria del gobierno para dirigir el Estado acorde con sus intereses; democracias no consolidadas o inexistentes; crisis económicas constantes y debilidad estructural; vulnerabilidad externa a los actores y fuerzas internacionales; intensa división social a nivel de clases, religiones, regiones, urbano-rurales o étnicas; carencia de un sentido de identidad nacional; y una creciente crisis de legitimidad del gobierno en turno y de las instituciones del Estado en general, a menudo expresada mediante amplias protestas, boicots, huelgas y desorden”.

La obra resume, desde distintos puntos de vista y considerando a diversos autores, la manera en que el reto implica para la seguridad nacional en un país como el nuestro.