Este domingo 18, “del año del señor 2018”, cuando los lectores de Siempre! tengan ante su vista este número, estaremos conmemorando el 80 aniversario de ese hito histórico de nuestro México que significó la trascendental decisión de expropiar las compañías extranjeras, inglesas y estadounidenses, principalmente y recuperar para la nación la propiedad originaria de los hidrocarburos.
La decisión se tomó y no puede obviarse en un contexto internacional favorable, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en razón del empecinamiento y arrogancia de las compañías extranjeras de no acatar una resolución judicial de carácter laboral en beneficio de los trabajadores y la grosera e inadmisible intervención de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos.
La coyuntura demostró que los mexicanos tenemos la capacidad, el talento y el temple para realizar hazañas, como la que hicieron los trabajadores e ingenieros que laboraban en las compañías expropiadas que continuaron extrayendo, procesando y comercializando el crudo a pesar del boicot y la falta de refacciones, y de la que pensaban indispensable asesoría técnica.
Esta efeméride nos confronta hoy con el destino y futuro del país. Recientemente realizamos una reforma denominada estructural, que implicó una reforma constitucional, legal y reglamentaria para regularizar un hecho incontrovertible, que era la participación de capital privado en la industria petrolera. La justificación principal fue la falta de capital y alta tecnología para explorar y extraer crudo en aguas profundas, y que la apertura al capital privado nacional y extranjero no implica perder la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos.
La reforma se concretó, aunque en nuestra modesta opinión faltó un gran debate nacional, aunque nadie puede negar que se discutió en los medios, en la academia y principalmente en el Congreso, tanto en comisiones como en sesiones plenarias.
Es cierto, también, que no se trataba de las “tablas de la ley” y que la norma jurídica evoluciona y se trasforma para adecuarse a la realidad social. Formalmente se agotaron las vías democráticas parlamentarias y tenemos que partir de una nueva realidad: contamos con un nuevo marco regulatorio.
La cuestión a pensar ante el inminente relevo gubernamental es si continuamos en el rumbo trazado por la reforma o si, por el contrario, como lo ha expresado uno de los candidatos “echamos abajo la reforma”, falta ver que cuente con la mayoría calificada del Congreso. Mas allá de las implicaciones políticas, habría que analizar los costos económicos y si la marcha atrás nos permitirá utilizar las reservas disponibles apropiadamente, satisfacer la necesidad de refinados, principalmente gasolinas, y en cuánto tiempo y a qué costo podremos extraer crudo en los yacimientos profundos del Golfo de México.
Las dudas —por lo menos las mías— no son sobre la capacidad de los ingenieros petroleros mexicanos; obedecen a las circunstancias reales de acceso a tecnologías, capitales y a la trasformación vertiginosa de los modos de producción que utiliza cada vez menos energía fósil.
Estoy cierta de que, además de un tema de campaña que exhibirá de cuerpo entero a los candidatos, será un tema vital del PND 2018-2024, y resulta fundamental para el proyecto de nación que estamos obligados a construir todos los mexicanos.
