El espacio público es expresión comunitaria y cultural, es espacio de animación urbana e identidad.
Jordi Borja
El eterno debate en torno al uso del espacio público como territorio regido por la autoridad, usado y usufructuado por los habitantes, disfrutado por los paseantes y animado por las expresiones identitarias y culturales que se desarrollan en él, en todas las capitales del mundo enfrenta un criminal acoso urbano en función de la pérdida de la seguridad a manos del crimen organizado.
A diferencia de otras capitales, las autoridades de nuestra ciudad habían logrado controlar y hasta abatir los índices delictivos, brindando para ello la certeza necesaria a las actividades cotidianas del espacio público. Solo las infracciones a la Ley de Cultura Cívica se ubicaban como uno de los grandes retos urbanos, ante violaciones generadas por la ausencia de una educación integral sobre las normas básicas de convivencia urbana en los espacios públicos, atizadas por la ingente necesidad de dar cauce a la ausencia de políticas económicas que respondieran a derechos laborales justos y suficientes.
Las centralidades históricas de la ciudad han sido, por centurias, los escenarios del brote de fricciones entre los usos y los abusos del espacio público, y toda acción en aras de su control y corrección ha eludido la responsabilidad comunitaria, a fin de ejercer en comunidad los legítimos derechos al uso y disfrute del espacio público.
Un acucioso análisis del problema de las crisis sociales más agudas nos lleva a reconocer que los mecanismos de solución hasta ahora aplicados solo han propiciado corrupción y el encono entre los actores sociales demandantes del respeto a sus derechos urbanos.
En tan solo 18 años del siglo XXI, en la Ciudad de México, e infiero que también en otras ciudades de la república, este problema se ha agudizado por la injerencia directa del crimen organizado como actor emergente en pos del control del uso del espacio público para fines muy distintos a los que obedece su existencia; el “cobro de piso” se ha convertido en la figura de control y coerción más común de las criminales actividades que genera esta condenable disrupción del derecho a la ciudad, y aparejado a ella se registran actos delictivos que van desde el secuestro de los vendedores en vía pública hasta su ejecución en plena calle, con su respectiva revictimización gubernamental al clasificar todos estos actos como “ajustes de cuentas”.
El agravamiento de esta realidad cotidiana —sistemáticamente negada por el gobierno de la ciudad— nos lleva a replantear la urgencia de reconciliar los legítimos derechos del uso de la vía pública, en función de su rescate y recuperación para la seguridad de la ciudad, y ello obliga a hablar, sin distinción, con todos los actores sociales, partiendo de la premisa concebida por el urbanista catalán Jordí Borja, ya que la animación urbana e identitaria de una ciudad reconoce sus espacios públicos como expresiones comunitarias y culturales.
