JxCat, ERC y la CUP han registrado este lunes dos propuestas de resolución para “garantizar” la investidura de Carles Puigdemont, detenido este domingo en Alemania. La petición, firmada por Elsa Artadi, Sergi Sabrià y Carles Riera, propone que el Parlament se comprometa a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar” que Carles Puigdemont y Jordi Turull “puedan ejercer sus derechos políticos”, incluida la investidura. Ambas iniciativas se tramitarán y debatirán de forma urgente en el próximo pleno del miércoles a las 10:00 horas, según han acordado en la reunión de esta tarde la Junta de Portavoces de la Cámara catalana.

Precisamente esta mañana, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que su grupo parlamentario busca ahora la fórmula para que Puigdemont sea investido como presidente no “simbólico” sino “de verdad”. Las dos propuestas son muy similares, pero una de ellas se refiere exclusivamente al exdiputado y ex candidato a la presidencia de la Generalidad, Jordi Sánchez, mientras que la otra hace mención a Puigdemont y Turull.

Someter a debate y votación su candidatura

JxCat, ERC y la CUP defienden en una de las resoluciones que Puigdemont “pueda ejercer sus derechos políticos”, incluido “el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat”.

La propuesta destaca que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “acordó admitir a trámite” el viernes un escrito de Sánchez y acordó como “medida cautelar” pedir a España que “garantice” que el número dos de JxCat pueda ejercer sus “derechos políticos”. Así, las tres formaciones separatistas señalan que “los mismos criterios” son “aplicables a todos los diputados” que se encuentran privados de libertad.

Asimismo, las fuerzas independentistas han pactado una segunda resolución “sobre el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos políticos del diputado” Jordi Sánchez.

En este sentido, proponen que el Parlament se comprometa a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar” que Sánchez “pueda ejercer sus derechos políticos”, incluido el de ser investido president, y exija “al resto de poderes e instituciones del Estado español el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.

Además, en las propuestas de resolución piden la “liberación y garantía de los derechos políticos de los diputados procesados” y reclaman la “puesta en libertad inmediata” de los diputados y exdiputados soberanistas encarcelados.