La investigación en curso de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero en la compra-venta de un inmueble en Querétaro que involucra al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, “parece estar motivada más por cuestiones políticas que estrictamente jurídicas”.

Todo indica que “la procuraduría está actuando con un uso faccioso del poder, perseguir al que está en segundo lugar en las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial del 1 de julio”, asegura Imer Benjamín Flores, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Esto —aclara— no significa que no haya hecho desvío de recursos o caído en lavado de dinero, se tendrá que investigar y presentar todas las pruebas pertinentes para resolver el caso, pero por el tiempo de esta averiguación, parece ser que está básicamente ligada al hecho de que Anaya esté en segundo lugar en las encuestas”.

“Si esta investigación hubiera pasado seis meses antes, todos estaríamos más tranquilos, pero ¿por qué justamente ahorita?, cuando estamos en pleno proceso electoral, ya pasaron las precampañas, ahorita estamos en el periodo de intercampañas y a finales de marzo vendrán las campañas”, indica el académico.

El doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM explica que el “problema, desde hace mucho tiempo, es que México no ha logrado independizar las procuradurías, está pendiente la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General, no se tiene fiscal general, aunque se dice que ya pronto, sigue pendiente ese nombramiento, pero entre que son peras y son manzanas no se logra dar ese gran paso y no se acaba de independizar al titular de la PGR, en este caso de la Fiscalía General”.

Destaca que “el hecho de que la procuraduría siga dependiendo del presidente de la república se presta para pensar mal, como dicen: piensa mal y acertarás, en ese sentido, refuerza la hipótesis de que se trata de un uso faccioso del poder, se trata de una persecución política, eso sin entrar a analizar los méritos o no de la investigación, que tal parece los tiene”.

Continúa, “otro tema que hay que tener claro, es el momento en que lo están haciendo, porque digamos qué eficiencia, qué eficacia, qué buena investigación está haciendo la PGR, pues no, ¿pero qué los motiva a hacer buenas investigaciones, investigar, perseguir delitos? En este caso concreto los motiva perseguir al que viene en segundo lugar en las encuestas, eso es lo que a simple vista todo mundo puede ver”.

Para Imer Flores, en general, existen elementos para pensar que hay algún ilícito, “no sé si tráfico de influencias, abuso de autoridad, es decir, sí hay materia, pero el tema de ¿cómo?, ¿por qué en este momento preciso?, si me parece muy desafortunado”.

Atribución de la PGR

Apunta que “está entre las atribuciones de la PGR investigar ese delito —lavado de dinero—, como muchos otros, por tanto tiene materia para investigar, pero el tema —insiste— es la motivación política que está atrás de esto, porque la parte técnico jurídica ahí está, la tienen las autoridades”.

Sin embargo, desafortunadamente deja la sensación de que “estamos en un país donde parece que siempre al enemigo le aplicamos todo el rigor de la ley y al amigo le damos la mano. Se tendrían que investigar los hechos sin ningún tinte político, tomar una decisión técnico jurídica y no de una forma política. Elementos para hacer la investigación los hay, lo que ha sido muy desafortunado es justamente el momento, que lo hace sonar más político que estrictamente jurídico”.

Por ejemplo, el  que la PGR difundiera, el pasado 25 de febrero, a través de Youtube, un video que muestra la llegada de Ricardo Anaya a sus instalaciones para entregar un escrito dirigido a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la procuraduría, en el que reclamaba la utilización de esta dependencia por parte del gobierno federal para dañar a opositores, “contribuye a esta sensación de un uso político de la ley. ¿Cuál es la finalidad? ¿Perseguirlo, meterlo a la cárcel, o el fin es bajarle la intención de voto que trae en este momento? Eso deja mucho que desear”.

El investigador del IIJ-UNAM comenta que “algo parecido le pasó a Andrés Manuel López Obrador, cuando el entonces presidente Vicente Fox y Diego Fernández de Cevallos encabezaron la cargada contra Andrés Manuel para desaforarlo, y ahora es muy curioso que sea justamente Diego Fernández, abogado de Anaya, quien hoy se queje de lo que él mismo hizo en el caso de López Obrador. Ese es el problema que como país venimos arrastrando desde hace mucho tiempo,  el no lograr independizar los órganos para que sean técnico jurídicos y no dependan de las cuestiones políticas y de las intencionalidades políticas, es muy lamentable”.

El procedimiento

Al explicar el procedimiento para investigar lavado de dinero, señala que “ahorita se está en una fase de investigación, hoy lo que hay es que le dijeron —a Ricardo Anaya— que presuntamente lavó dinero, lo que tienen que hacer la autoridad en su momento es investigar, encontrar pruebas y evidencias para eventualmente solicitar al juez una orden de aprehensión. De ahí que todavía en tiempos vamos lentos, por eso me parece el matiz más de un efecto mediático en el corto plazo para restarle votos, porque en tiempos, esto se llevará su buen rato”.

Flores Mendoza asegura que “sería muy desafortunado que se estuviera lanzando una orden de aprehensión a un candidato a la presidencia. Déjame ponerlo así, que tuviéramos en la boleta a alguien que está siendo aprehendido por lavado de dinero. Que aparezca en la boleta y que esté siendo procesado o que no se le pudiera ejecutar la orden de aprehensión o iniciar el proceso porque está amparado, en ese sentido es un escenario muy macabro, muy curioso de cómo estaríamos en un momento dado: por un lado, el proceso electoral y por el otro, uno de los candidatos presidenciales en un proceso jurisdiccional”.

El constitucionalista indica que sería lamentable que este proceso jurídico “se llevara hasta después de las elecciones, porque si Ricardo Anaya, por decir, en el mejor de los escenarios, ganara, metería a todas las instancias en un escenario muy complicado, porque no vas a meter a la cárcel al presidente ya electo o jurado”.

“Hay que resolver rápido, sería peligroso llevarlo hasta después de la votación, si gana, sobre todo. Si pierde puede darse seguimiento, que no pase inadvertido, que no se olvide en el corto plazo, porque de lo contrario reforzaría que se hizo un uso faccioso del poder”, advierte.

Insisto, “con la independencia de que la investigación puede tener sus méritos en el fondo del asunto, es muy desafortunado y simplemente refuerza la necesidad de ya dejar atrás este modelo de que el procurador dependa del presidente y que verdaderamente el fiscal o procurador sea un órgano técnico y autónomo que no esté sujeto a presiones políticas de ningún otro órgano”, afirma Flores.

El doctor en derecho explica que la autonomía de los órganos de justicia es complicada y más con “el modelo que traemos hoy en día, por supuesto que no la hay, todo está muy agarrado entre los propios partidos políticos, todo obedece a cuotas entre ellos, a negociaciones y cooptación de los diferentes órganos por parte de los partidos políticos”.

Por eso dice— es necesario cambiar de modelo, de cómo nombramos, designamos todos estos órganos y que se puedan garantizar sus méritos para ocupar los puestos, así como garantizar, tener o poder contar con una garantía de independencia, de autonomía de los diferentes órganos.

“No solo en este caso del procurador o el fiscal, sino también de magistrados, de ministros, de consejeros, de todos esos puestos de alta responsabilidad que son órganos colegiados, aunque siempre parece que los partidos políticos se reparten sus cuotas y unos y otros nombran a sus cercanos, y la ciudadanía no se ve reflejada en esos nombramientos, hay que dejar atrás esa lógica del regateo político y de las cuotas políticas o partidistas para empezar a nombrar a las personas con los perfiles más idóneos y que puedan, entre esa parte de los perfiles idóneos, garantizar mejor la independencia y la autonomía del órgano”.

¿A quién beneficia?

Imer Flores comenta no saber si el hecho de que Ricardo Anaya y el PRI, o el gobierno federal, estén peleando por el segundo lugar beneficie más a Andrés Manuel, “podría ser una posibilidad, una cuestión lógica de pensar, pero estamos al inicio del proceso, falta mucho por delante, habrá que ver cómo se siguen moviendo todas estas cuestiones, habrá que estar muy atentos e insistiría en que no se puede dar este uso faccioso del poder”.

Señala que “quizá se necesite tener una regla clara de hasta cuándo se puede iniciar un proceso jurídico a quienes competirán por cargos de elección popular, aunque eso es sobrerregular todavía más la legislación, y no sea la mejor salida a nuestros problemas; pero lo que sí se necesita es tener ciertos pactos de civilidad y acatar reglas, entender muy bien que el Estado de derecho no se construye con decisiones políticas, sino con decisiones técnico jurídicas, las cuales deben ser lo más independientes, autónomas, de estos factores políticos y de esta posibilidad de un golpeteo mediático”.