Durante el periodo 2017-2018 se llevaron ante un juez a mil 234 personas, por narcomenudeo, de los cuales mil 050 quedaron en libertad y 184 en prisión preventiva justificada, con lo que el 85% regresó a las calles.
Sin embargo, el número de detenidos aumentó considerablemente y de acuerdo con los filtros quedaron en libertad.
Autoridades capitalinas aseguran que un gran porcentaje de los que regresaron a las calles volvieron a delinquir.
Incluso hay datos de que las personas detenidas pasaron más tiempo en el Ministerio Público que en la cárcel.
De acuerdo a las cifras, del total de 2 mil 681 detenidos por vender droga durante el año pasado, sólo 146 terminaron en prisión, donde se les sentenció a un máximo de tres años de cárcel.
Para este año los números tampoco son alentadores, en los dos primeros meses se han detenido a 627 personas por narcomenudeo, de estás, sólo 38 están en prisión, los otros 589 imputados recibieron algún beneficio del nuevo sistema penal y siguen un proceso en libertad.
Los expertos opinan
En entrevista con El Universal, el abogado penalista Luis Hinojos Sahagú, explicó que el sistema acusatorio es bien aplicado y aunque de inmediato se podría pensar que los jueces son los responsables de la libertad de los narcomenudistas, en este delito en especifico, corresponde a otra autoridad endurecer las leyes y también perfeccionar y apretar algunas lagunas del nuevo sistema penal para terminar con la reincidencia.
Mientras que en las filas de la procuraduría capitalina y en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) los métodos de investigación, del resguardo de la cadena de custodio y el conocimiento del sistema oral, se debe profesionalizar más, de aquí radica gran parte de la problemática, “de nada sirve que todos los días agarren a una persona con tres, cuatro o cinco bolsitas y pretendan que por eso sea castigado, desde ahí el proceso está mal”, aseguró el penalista.
Agregó que así como el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pide que se endurezcan las penas por portación de armas de fuego, se deben endurecer las sanciones en este delito, incluso, desde el mínimo permitido para una persona que se diga consumidor o adicto.
Por su parte, el sociólogo de la UAM-Xochimilco, José Alberto García, recomienda como medida alterna a la prisión preventiva, el trabajo forzado para los reincidentes en este y otros delitos que afectan directamente a la sociedad como el robo a usuarios de transporte público, de autopartes o el de casa habitación, ya que este perfil de delincuentes son los que más reinciden y le han encontrado el “método” al nuevo sistema penal.
“Los que están en la procuraduría, incluso los mismos jueces, consideran a estos delincuentes como un problema menor y no es así. Ahí están las estadísticas, actúan con dolo, son inteligentes y saben que con cierta cantidad o cierta forma de delinquir nunca llegarán a prisión. Se les debe tratar de otra manera, de lo contrario la historia se seguirá repitiendo”, abundó.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), salió en defensa de los impartidores de justicia y aseguró que ellos actúan apegados a derecho.
Al Poder Judicial sólo le toca aplicar la ley en sus términos, además los jueces dictan prisión preventiva oficiosa en los casos que lo prevé claramente la Constitución, es decir, los delitos de alto impacto.
(Con información de El Universal)