Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira y otros nueve investigados por el procés (Raül Romeva, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquìm Forn, Carme Forcadell y a los dirigentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente) han sido procesados por rebelión por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, un delito castigado por hasta 25 años de prisión. Para todos ellos y Santi Vila, el magistrado ha fijado también una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente.
Sin embargo, Llarena no ha procesado por rebelión ni a Meritxell Serret ni a Lluís Puig -ambos huidos-; tampoco a Anna Gabriel -también huida – ni a Mireia Boya, de la CUP. A los cuatro, sin embargo, los procesa por un delito de desobediencia, al igual que a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simón, Ramona Barrufet, Joan Jusep Nuet, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila.
Por otro lado, el magistrado ha procesado por un delito de malversación de caudales públicos a Puigdemont, Romeva, Junqueras, Borrás, Ponsatí, Comín, Forn, Rull, Puig, Mundó, Bassa, Serret y Vila.
Llarena ha procesado así a 25 de los 28 investigados y ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalidad Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
El Supremo estudia ahora el posible ingreso en prisión preventiva de Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalidad. Una decisión que llegaría después de que el candidato de JxCat no lograra los apoyos necesarios para ser investido presidente por el Parlamento de Cataluña en la primera votación, al decidir abstenerse los cuatro diputados de la CUP, y de que pronunciara un discurso sin alusiones a la independencia ni a la república catalana.
La Fiscalía del Supremo ha solicitado el ingreso en prisión condicional para Turull y los otros cuatro procesados (Forcadell, Romeva, Rull y Bassa). Por su parte, Vox, la acusación popular del caso, también ha solicitado prisión sin condicionesos para los cinco, como ya había anunciado. En cualquier caso, el juez, quien ha convocado la vistilla por su propia iniciativa, tendrá la palabra final.
Para el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig y Anna Gabriel (CUP), todos ellos fugados, es muy probable que Llarena dicte en un plazo más o menos inmediato la orden de detención internacional contra ellos, tomando como base los autos de procesamiento, algo que ya ha adelantado en alguno de sus escritos. Rovira, también huida desde esta mañana, ya tiene esta orden.
A pesar de que aún se desconozca la vistilla, que podría dictar prisión preventiva, la segunda votación de la investidura prevista para este sábado queda en el aire. Desde el Parlament, su presidente, Roger Torrent, aún mantiene el pleno, aunque Turull -al igual que el resto de procesados- ha quedado automáticamente suspendido para el ejercicio de cargo público.
Las fuerzas independentistas tendrán margen hasta el 22 de mayo para pactar la investidura del nuevo presidente de la Generalidad y evitar así una repetición de las elecciones, en julio. No obstante, tendrán que buscar ahora a nuevos políticos para ocupar sus escaños.
Anoche, cinco minutos después de que finalizase la primera sesión del debate de investidura del candidato Turull, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, renunciaron a sus escaños como diputadas de Esquerra para tratar de convencer al juez de que renuncian a insistir en el procés así como para evitar que su procesamiento pueda interferir en la actividad parlamentaria.