En el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por la UNAM y la CNDH, la abogada general de la máxima casa de estudios aseveró categóricamente que las respuestas gubernamentales a la crisis de inseguridad han sido salidas falsas, pues conllevan violaciones a derechos humanos y la militarización del país.
Esa colosal crítica al modelo militarista de la seguridad pública fue acorde con los graves señalamientos hechos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Ley de Seguridad Interior que tuvo lugar el 2 de marzo en Bogotá. En plena consonancia de visiones, el titular de la CNDH, vía un video proyectado en al acto, y voceros del colectivo “Seguridad sin Guerra” hicieron valer que con su aplicación se incrementarán los ataques a las garantías fundamentales que han cometido las fuerzas armadas, las autoridades civiles quedarán supeditadas al mando de las altas jerarquías castrenses y se propiciará la ruptura del equilibrio entre los gobiernos federal, estatales y municipales.
Los representantes del Estado mexicano se limitaron a decir que la ley responde a una tendencia imperante en el continente, e incluso en Europa, donde hay presencia de militares en aeropuertos y sitios que albergan monumentos. También replicaron que, según las encuestas del INEGI, la población no quiere que los efectivos que visten el uniforme verde olivo se vayan de sus localidades.
La respuesta de los representantes de la Comisión Interamericana no se dejó esperar. La relatora especial para México criticó la ausencia de medidas de fortalecimiento de las policías y de mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas armadas. El comisionado Luis Ernesto Vargas expresó con toda claridad que poner a los militares al frente de la seguridad pública sienta las bases para la criminalización de la protesta social. Flavia Provesan, comisionada brasileña, advirtió que la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad a la policial, y los soldados no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada para el desarrollo del rol de la seguridad.
La catilinaria culminó con la intervención de Edison Lanza, relator especial sobre la Libertad de Expresión, quien manifestó que, sin controles judiciales, el facultar a los milicianos para hacer tareas de inteligencia solo ocurre en regímenes totalitarios. A modo de un cierre con broche de oro, los comisionados solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la congruencia de la ley con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Así pues, la internacionalización del debate sobre la Ley de Seguridad Interior es ya un hecho irreversible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe evitar el oprobio, la magna vergüenza de que sean los jueces interamericanos quienes echen abajo ese nefasto instrumento que jamás debió ser aprobado.
