El sistema democrático ha sido el sólido sostén del capitalismo y su principal elemento es que en elecciones regulares se elija a aquellos que alcancen el mayor número de votos.

Sin embargo, aunque en México el avance de los últimos años ha sido acelerado y correcto, tras la creación de instituciones como el IFE y más tarde el INE, la realidad es que no representa a plenitud ese sistema la profunda definición que la Constitución hace de esta institución, cuando señala “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

Efectivamente, los caminos para alcanzar cualquier elección en México transitan por una escalera sórdida y cerrada, cuyo sendero tienen cooptado los grupos cupulares que dirigen a todos los partidos, los cuales después del declive de la presidencia imperial de partido casi único, han encontrado la forma de conservar privilegios y prebendas para los pocos que controlan estas instituciones, más grandes o más pequeñas, pero todas con enormes prerrogativas económicas.

Las candidaturas independientes han pretendido dar oportunidad a nuevos participantes, pero no lo han logrado, pues su funcionamiento legislativo ha sido deficiente e injusto; casi ninguna oportunidad tienen estos candidatos, salvo excepciones minoritarias.

La realidad es que la pobreza, la desigualdad, la distribución inequitativa de la riqueza siguen siendo una constante a la que se agregan la ignorancia, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Cuando se publiquen estas líneas, se habrá iniciado la campaña electoral más importante y más cuantiosa de nuestra historia contemporánea; el voto ciudadano hasta ahora no se conduce por razonamientos o ideologías, sino por sentimientos manipulados que oscilan entre la ira y la esperanza; los probables votantes no han sido informados de auténticos proyectos de nación, y lo que han recibido de los protagonistas y los medios ha sido el producto de una guerra de infamias, de calumnias, de lodo y de fuerte manipulación de la conciencia colectiva; lo grave es que es altamente probable que la mayoría de quienes votarán, lo hagan con poca información y con una fuerte carga de emoción negativa; por eso este periodo de 90 días debe enriquecerse con una información de mayor calidad, que hasta ahora no ha demostrado ninguno de los partidos ni de los contendientes.

Para bien de México, es necesario que los debates y los temas dejen claro al ciudadano de a pie lo que ofrece cada candidato, no solo la burla o la denostación, sino la firme convicción de trasformar esta injusta economía y esta falta de seguridad que nos mantiene arrinconados, frente a una delincuencia que campea en la complicidad de autoridades y ante el terror de pueblos y regiones, donde parece haber desaparecido la mano del gobierno; regiones enteras dominadas por la extorsión, el homicidio y el secuestro y, tras de ello, el tráfico de estupefacientes que no se ha detenido ni un milímetro, a pesar de los esfuerzos que en ese sentido se realizan.

Habrá que saber cuál es el destino inmediato de México frente al TLCAN, cuál será la posición del nuevo gobierno frente a la locura inaudita del gobierno xenófobo y discriminador de nuestros vecinos, cómo crear fuentes de trabajo bien pagadas, si en el fondo de la corrupción está el enriquecimiento de unos cuantos, que cada día llenan más sus alforjas de dinero, aunque hipócritamente se lanzan frente a la corrupción en términos generales.

En toda América Latina esa ola siniestra generada por la corrupción de Odebrecht es un síntoma de toda la corrupción administrativa que ha hecho temblar gobiernos y caer presidentes, el ultimo el de Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, que se une a la consignación de Nicolas Sarkozy en Francia, o al encarcelamiento de Puigdemont en Alemania; aquí no pasa nada, no obstante las declaraciones que en su renuncia expresó el exprocurador Raúl Cervantes.

El panorama es sombrío, limpiarlo y darnos una clara visión del futuro inmediato es la mínima obligación que tienen los partidos y los candidatos a la Presidencia de la República.

La democracia mexicana debe retomar sus objetivos constitucionales.