El tema de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos es de importancia fundamental para la vida del Estado mexicano. Es además un asunto transversal a toda la actividad pública del país. En estos momentos es una materia de la más alta importancia. En junio de 2011 se aprobó una trascendental reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se modifica el paradigma del sistema jurídico mexicano y se establece el respeto a los derechos humanos como el objetivo central del derecho y del Estado mexicano.

La reforma constitucional en derechos humanos de 2011 es la culminación de los esfuerzos del Estado mexicano en la materia. Esta reforma tiene dos grandes influencias, por una parte la evolución de la tradición jurídica mexicana y por la otra el impacto del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país.

El respeto de los derechos y las libertades fundamentales de las personas y la protección de su dignidad han estado presentes desde el inicio de la lucha por la independencia, a lo largo del siglo XIX con la formulación del juicio de amparo por Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución de 1857 y posteriormente desde luego en la Constitución de 1917.

Por otra parte, a raíz de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, la Asamblea General aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ese mismo año. Estos documentos si bien no tuvieron carácter vinculante sí representaron un fuerte compromiso moral. Más tarde, para hacer obligatoria la Declaración Universal, el 16 de diciembre de 1966 se adoptaron y abrieron a ratificación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de este último. A partir de ese momento se inicia un largo proceso de suscripción de tratados, convenios y otros instrumentos que van a constituir el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos.

Para efectos didácticos, se distinguen varias generaciones de derechos humanos, de acuerdo con su progresiva aparición histórica. La primera generación de derechos humanos la integran los derechos característicos del liberalismo político; son los clásicos derechos individuales, civiles y políticos. Los derechos de la segunda generación son los de contenido económico, social y cultural. En los derechos que se clasifican como de tercera generación se incorporan los llamados también de solidaridad, entre los que se encuentran el derecho a la paz, al desarrollo, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a beneficiarse del patrimonio de la humanidad.

En 1990 se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en 1999 adquiere el carácter de Órgano Constitucional Autónomo. De igual forma, se crea en cada entidad federativa una comisión estatal en la materia o un órgano equivalente para constituir el sistema no jurisdiccional de defensa y promoción de los derechos humanos más grande del mundo. En suma, se cuenta en México con un robusto sistema normativo e institucional en la materia. Sin embargo, en la realidad el tema es de permanentes avances y retrocesos. Desde hace varios años se enfrenta en México una compleja problemática en la materia derivada en buena medida de los temas de seguridad pública. Los temas de seguridad deben resolverse en el marco de la construcción y consolidación de un eficaz Estado democrático de derecho, con ámbitos de competencia claramente delimitados y con pleno respeto de los derechos humanos. De igual forma, persisten problemas ancestrales en materia de los derechos de la mujer, la niñez y adolescencia, los indígenas, los migrantes, la trata de personas, los adultos mayores, así como en temas como la salud, los reclusorios y cada vez más en relación con el agua y el medio ambiente en general.

El futuro del país y en particular la consecución del desarrollo sustentable requiere de la construcción y consolidación de un eficaz Estado democrático de derecho, lo cual conlleva el respeto, la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto plantea que en términos del balance de los derechos humanos en México, como se señaló, podamos referir un importante avance en el aspecto normativo e institucional. Sin embargo, en la realidad se registran constantes avances y retrocesos. Como también se refirió, el país enfrenta un grave problema en materia de seguridad pública, lo cual exige una solución profunda. Para lograrla es necesario combatir la inseguridad desde todas sus perspectivas, tanto la prevención, la aplicación de la ley para combatir la impunidad y atacar la raíz de la problemática socioeconómica que contribuye a la misma. Pero también hay otra gama de temas en materia de derechos humanos que depende en buena medida de la capacidad del Estado para satisfacer los requerimientos de una vida digna. En ese sentido, una guía práctica son los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Estos objetivos comprenden desde la erradicación de la pobreza y el hambre, hasta la atención universal de la salud, la educación de calidad, el empleo con salario digno y en condiciones adecuadas, hasta el derecho al desarrollo.

En cuanto a la perspectiva de los derechos humanos en México, cabe señalar que es muy importante que las políticas públicas de carácter socioeconómico tengan el enfoque de los derechos humanos. Esto es, dar un paso más en la consolidación de una sociedad de derechos. Esto, sin embargo, debe efectuarse en el marco de una sociedad en la que, además de derechos, todos tengamos plena conciencia de nuestros deberes, obligaciones y responsabilidades.

Uno de los aspectos más importantes de la evolución institucional en materia de derechos humanos es que contamos con el sistema no jurisdiccional de defensa y promoción de los derechos humanos más grande del mundo. Esto requiere revisar su eficacia y eficiencia para mejorar su desempeño, así como lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre su gestión.