Tras señalar que los cárteles de droga dañan la legitimidad del Estado, el contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, advirtió sobre la injerencia de los capos en las campañas electorales.

Durante el foro “Seguridad y Participación Ciudadana en México”, dijo que “los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad”.

Al destacar que los grupos del crimen organizado han logrado ampliar su influencia a través de la violencia extrema, debilitar a las instituciones y controlar las actividades económicas en algunos lugares, dijo que incluso están amenazando la estabilidad y gobernabilidad de México.

“México enfrenta potenciales problemas de legitimidad, los grupos criminales desarrollan actividades ilícitas y usurpan funciones exclusivas del Estado; así, los funcionarios de gobierno pierden autoridad y se convierten efectivamente en aliados o instrumentos al servicio de los cárteles; quienes representan la autoridad del gobierno comienzan a dar la lealtad primaria a esos grupos y no al gobierno”, subrayó.

Por su parte, José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que la presencia de las fuerzas armadas en las calles no es lo que genera la violencia, sino el tráfico de drogas y de armas.

Luego de ratificar la disposición de los militares a rendir cuentas, Beltrán Benítez señaló que la violencia e inseguridad en el país es porque muchos jefes policiacos tanto estatales como municipales se encuentran en la nómina del crimen organizado y recordó que el problema de la inseguridad y violencia que se vive es porque alguien dejó de hacer su trabajo y le declinó toda la carga a las fuerzas armadas.

Al hablar sobre la Ley de Seguridad Interior precisó que no ésta no es una ley para el ejército, la fuerza aérea o la marina, sino una ley de coordinación entre militares y autoridades civiles para garantizar la seguridad a la población, por ello, exigió al Congreso de la Unión legislar para contar con un marco jurídico que norme las tareas de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.