A tres meses de que se lleve a cabo la jornada electoral del 1 de julio, en donde estará en juego el mayor número de puestos de representación popular en la historia de México, 3,406 candidaturas a escala federal, estatal y municipal, de las cuales 629 corresponden a cargos federales y 2,777 a puestos locales, el escenario político electoral se tiñe de sangre por los continuos asesinatos de aspirantes y precandidatos a un puesto de elección.
Es en las candidaturas para el cargo de alcaldias —2,030— en donde se ha concentrado el mayor número de agresiones en contra de actores políticos desde el inicio oficial del proceso electoral el pasado 7 de septiembre de 2017, señala en su Primer informe de Violencia Política Etellekt Consultores.
Por este motivo la consultoría recomienda “al Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y agencias de seguridad federales, el establecimiento de protocolos de atención a candidatos y políticos en situación de riesgo, como la conformación de canales de denuncia segura y medidas cautelares para salvaguardar su integridad ante cualquier amenaza o indicio de atentado”.
Al respecto, Rubén Salazar Vázquez, director de Análisis de Etellekt, señala que “la violencia política es una situación que vulnera la gobernabilidad democrática de México. El hecho de tener un número significativo de municipios en donde exista la probabilidad de que algunas organizaciones del crimen estén interviniendo o influyendo en la selección de candidaturas representa un riesgo muy elevado para conformar gobiernos democráticos y para que estas autoridades puedan contribuir a mejorar el ambiente de seguridad”.
“Desafortunadamente el año previo al proceso electoral fue el más violento, al menos en los últimos 20 años, precisamente en muchos de estos municipios”, dice.
“Esto —continúa— deja a merced de estas organizaciones delictivas a la propia ciudadanía. Es una situación que significa un duro golpe para los procesos democráticos en el país y para la conformación de autoridades electas que realmente sean resultado del voto libre”.
Apunta que “el hecho de tener autoridades que pudieran estar respondiendo más a intereses de organizaciones delictivas que, en este caso, a las propias demandas de la ciudadanía, sin lugar a dudas también debe preocupar a los empresarios”.
Lo que Etellekt está haciendo en estos municipios es exponer el mapa de riesgos, indicar los focos rojos en dónde se podrían estar conformando corredores delictivos, e identificar en dónde y en qué regiones del país prácticamente se tiene ya una desarticulación del Estado como tal, es decir, ya no se tiene un monopolio de la autoridad en instituciones democráticamente electas.
Salazar Vázquez afirma “que esa es la realidad que hay en muchos municipios del país, aunque ya se venía dando desde hace mucho tiempo, no necesariamente por este tema de violencia política, pero sí es muy importante, porque, insisto, el hecho de no tener autoridades democráticamente electas implica sin lugar a dudas un riesgo muy alto para otros temas como la estabilidad y la gobernabilidad democrática, y asegurar la paz en todas estas regiones, porque si hay todo lo contrario, autoridades en donde el crimen decide, es muy difícil que la seguridad pueda regresar a todos estos territorios”.
Hasta dónde la influencia
En lo que va del proceso electoral, del 8 de septiembre de 2017 al 8 de marzo de 2018, que es el corte que se hace en este Segundo informe de violencia política, se tienen registradas un total de 117 agresiones directas contra actores políticos en todo el país. De estas, 68 son asesinatos, una cifra importante.
Además, por primera vez, ninguna de las diversas instituciones que se dedican a hacer estudios de violencia política lo había hecho, Etellekt mide la violencia que se está ejerciendo contra familiares de actores políticos. En este mismo periodo adicionalmente a estas 117 agresiones, se tiene un registro de 24 agresiones contra familiares de políticos y de estas 24 agresiones un saldo de 28 víctimas, explica Salazar.
Por tanto, “se amplía el rango de municipios afectados por la violencia, son 28 entidades y 121 municipios del pais, casi 5 por ciento de municipios, que se han visto afectados por agresiones que terminan en asesinatos. Ninguno de los partidos ha logrado tener la certeza de que sus candidatos o sus aspirantes o sus dirigentes no sean objeto de este tipo de atentados”.
Destaca la importancia de estos datos, porque además esta situacion se está concentrando en cinco estados, el primero es Guerrero, con el mayor número de atentados, al menos 16 asesinatos han ocurrido ahí: los casos de Puebla y Veracruz ocuparían el segundo lugar; y el Estado de México.
Señala que “es en estas entidades donde se concentra la mayor parte de los atentados, lo cual es interesante, porque son estados que desde hace algunos años presentan una serie de situaciones de violencia ligadas con negocios ilícitos emergentes”.
Salazar expone el caso concreto de Guerrero, en donde “influye mucho toda la actividad relacionada con el cultivo y el trasiego de amapola, hay una fragmentación muy importante de células delictivas, al menos 15 células estarían participando en todo lo que se refiere a este negocio ilícito, lo que ha desencadenado una situación de violencia por el control de esos territorios. Aspecto medular en el número de atentados y asesinatos contra precandidatos que observamos.
En los casos de Veracruz, Puebla y el Estado de México, tienen un escenario de violencia que responde a la situación de robo de combustibles en el centro del país, las bandas que están peleándose por el control de ese negocio. En los municipios donde atraviesa la infraestructura estratégica de Pemex es en donde se han presentado asesinatos en contra de actores políticos.
“Estamos previendo que en la medida en que estas organizaciones continúen disputándose el control de todo este negocio, seguirán surgiendo hechos de violencia. Por ejemplo, en el triángulo rojo, el caso de Puebla, es donde observamos un riesgo muy alto de que sigan ocurriendo atentados en contra de aspirantes a puestos de elección, sobre todo del ámbito municipal”, advierte.
“Hay que decir que la mayor parte de los actores asesinados eran alcaldes en función, exalcaldes, regidores, precandidatos que visiblemente manifestaron su intención de participar en el proceso. Este es el ámbito más vulnerable de todas las instituciones y más afectado”, afirma Salazar.
¿Quiénes podrán participar?
Rubén Salazar acepta que en algunas zonas del país se vivirán unas narcoelecciones: “es correcto, en algunos municipios es muy probable, de hecho la Marina Armada dio un informe en relación con esto. Quizá no se puedan confirmar nombres en concreto, pero lo que sí se puede decir al menos en este Segundo Informe de Violencia Política es que la violencia ha llegado a tal extremo que muchos de estos candidatos están prácticamente renunciando a sus aspiraciones, y en algunos otros, han sido asesinados. La pregunta es: ¿quiénes son los candidatos que sí podrán participar y obtener el triunfo en muchos de estos municipios donde han ocurrido los atentados más recientes?
Frente a los resultados que arroja el Segundo Informe de Violencia Política realizado por Etellekt, Rubén Salazar afirma que “se trata de un problema de seguridad estructural, no es un fenómeno aislado. De alguna manera, toda esta fragmentación de organizaciones delictivas que se ha venido dando en el país, en los últimos 10 años, le ha dado una mayor capacidad a estas organizaciones para poder, no solo influir en muchas de estas instituciones, sobre todo del ámbito municipal, sino también poder ejercer esta presión o este nivel de amenazas en contra de muchos de estos precandidatos con objeto de conformar un cinturón institucional de protección para sus actividades delictivas, eso es lo que ellos buscan”.
Lo cual —dice— “representa un mensaje de alerta importante para las fuerzas políticas, en el sentido de establecer candados para lo que significa la selección de candidaturas. Evitar que en algunos de estos municipios donde hay asesinatos en contra de algunos precandidatos, evaluar los niveles de riesgo y sobre todo hacer más rigurosos los procesos de selección de candidaturas para evitar que se cuelen algunos personajes que pudieran tener vínculos o negociaciones o acuerdos previos con algunos grupos de la delincuencia, es lo más importante para nosotros, asegurar que todos estos procesos electorales logren el propósito fundamental: elegir autoridades por la vía democrática, lo que no se logra en muchos municipios”.
