En el pasado, allá por los años ochenta la consigna era: plata o plomo para algunos delegados que tenían que ver con la Procuraduría General de la República (PGR), hoy la consigna para los futuros aspirantes a un puesto de elección popular es: plata, plomo o control y sumisión, recuerda Emilio Vizarretea Rosales, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM).

Explica que “la razón por la que muchos de los políticos han sido asesinados en las últimas semanas es porque estaban compitiendo en el interior de sus partidos por una candidatura para presidencias municipales. Un cargo que tiene el control de dos áreas que le interesan demasiado al crimen organizado: policías y obras públicas”.

“Estos grupos delictivos lo que quieren es controlar a quien gobierne para tener acceso a recursos directos vía obras o controlar las policías locales para tener una mirada omisa, en el sentido de tener una especie de derecho de paso o de impunidad asegurada. Es el problema de fondo en términos del modus operandi de estos grupos y lo tienen muy claro, si los aspirantes les dicen de inicio que no quieren tener nada que ver con ellos, simple y llanamente son eliminados”, asegura.

Vizarretea indica que esta situación de “saber o conocer a diario el asesinato de un aspirante o candidato es trágica y lamentable, ahí está el caso de estados como: Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, en donde los asesinatos están a la orden del día; les siguen: Veracruz y Chihuahua. El tema es delicado, porque conforme se acerca la jornada electoral, el día en que hay que ir a votar, eso puede afectar los niveles de participación”.

Destaca que un motivo fuerte para que se dé esta situación tiene que ver con el reacomodo de los grupos delictivos, “sobre todo en la zona del Pacífico y la zona norte del Golfo, es decir, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero. El cártel Jalisco Nueva Generación, lo que conocíamos como el cártel del Golfo, que entró en declive con la desaparición o la disminución del grupo armado Los Zetas, entraron en un terreno de control absoluto de plazas, ya no de compartir o cohabitar, sino la búsqueda del control absoluto; eso ha generado la muerte de los miembros de los distintos cárteles o grupos en términos estrictamente  violentos, porque se trata de mandar mensajes para amedrentarlos”.

Narco busca incrustarse

En este sentido, el politólogo se refiere a la alerta que hizo la Marina, el pasado 15 de marzo, sobre la injerencia de los capos del crimen organizado en favor de candidatos a cargos de elección. “El problema existe, no se puede tapar el sol con un dedo, solo bastaría conversar con los aspirantes a cargos de elección popular para darse cuenta del tamaño del problema. Si existe en la vida cotidiana de los habitantes de un municipio, desde luego que en tiempos electorales el narco busca incrustarse en ese proceso”.

Apunta que “lo hace en estos momentos, porque ahorita hay necesidad, demanda, de recursos en algunos casos. Hay aspirantes que con gusto recibirán sin duda alguna, el apoyo del narco, por eso no solo la autoridad electoral tiene que estar vigilante, muy alerta de todo el proceso electoral, también las distintas autoridades judiciales, policiacas y obviamente las fuerzas armadas”.

Comenta que en sus redes sociales ha señalado que este problema de los asesinatos de aspirantes “es un asunto de seguridad nacional, porque lo que está en juego es la representación política del país, sea presidente de la república, gobernadores, miembros del Senado o del Congreso federal o local, presidentes municipales, aunque es más fácil en el ámbito local, pues el trato es muy directo, son fáciles de ubicar y el control que tienen las fuerzas de seguridad locales es mínimo”.

“El  tema se vuelve atractivo para quienes están vigilando las plazas queriendo conquistar esos territorios de la delincuencia organizada y están dispuestos a cometer cualquier crimen”, dice.

 

Investigar nexos candidatos-narcos

El experto en ciencia política y seguridad nacional apunta que los candidatos presidenciales, tanto del PRI, José Antonio Meade, como de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, expresaron su preocupación por la presencia del narco en los comicios, incluso Meade reconoció que candidatos han sido amenazados por el crimen organizado. Salvo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que no ve nada, “no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero ese ambiente está ocurriendo en muchos de los estados del país”.

El analista político de la UNAM va más allá y agrega “llama la atención que Andrés Manuel diga que ha recorrido todo México sin protección y no ha visto que el crimen organizado esté interviniendo en las elecciones. Para AMLO no existe y no pasa nada, es la política del avestruz, todos la conocemos, cuando alguien no quiere ver un problema se hace guaje, pero decir que no existe el problema de narcodelincuencia es mucho; ojalá que no le ocurra nada a él ni a nadie, pero en particular a la gente que lo acompaña, de Morena, de su alianza, para que no tenga que desmentirse de nueva cuenta”.

“Deja mucho que desear, impulsar una amnistía para delincuentes llama mucho la atención, pretender decir que no ocurre y que se violan los derechos de los delincuentes como lo hizo ver al cuestionar la forma en que fueron asesinados presuntos integrantes del crimen organizado en un operativo de la Marina en Nayarit. Decía que estaban matando a jóvenes que no tenían nada que ver con la delincuencia y los videos comprobaron que había una respuesta frente a quienes estaban atentando con armas de alto poder”, indica.

Por tanto —asegura—, “son indicios raros, no tengo elementos, pero lo que sí se puede decir es que las áreas de inteligencia civil militar deberían de investigar a todos los aspirantes a cargos de elección popular, a todos, por si tuviesen algún vínculo con la delincuencia organizada. Que sean señalados para que el día de mañana no apelen a un supuesto fuero, quién sea y del partido que sea”.

Emilio Vizarretea indica que la seguridad de los candidatos no debería ser por petición expresa de ellos, pues “la autoridad, de oficio —en términos jurídicos— está obligada no solo a proteger a un aspirante sea del rango que sea, a la presidencia, a la gubernatura o al municipio, sino proteger también a quienes están a su alrededor, en términos de vigilar a la sociedad, de cuidarla”.

“Lo complicado en esta situación es que se tengan que destinar múltiples recursos para la seguridad de los políticos, cuando se tienen conflictos en otras zonas. El Congreso debe valorar el presupuesto asignado para la seguridad pública en sus tres niveles: federal, local y municipal”, dice el académico de la UNAM.

Por el momento, “lo que hay que hacer es solicitar la mayor coordinación y mayor intervención de las autoridades responsables. Se requiere mayor inteligencia, como instrumento para proteger el interés nacional, aunque muchas veces la gente utiliza eso para victimizarse; recuerdo cuando Anaya denunció que el Cisen —Centro de Investigación y Seguridad Nacional— lo espiaba, porque lo seguía en sus recorridos por el país, y pidió que no lo hicieran más, ¡no! espéreme, eso es parte del trabajo que debe cumplir, a lo mejor uno diría hay otras prioridades que andar cuidando al joven maravilla, sin duda, yo también lo diría, pero así debe ser”.

“Otra fue cuando Andrés Manuel dijo que desaparecerá al Cisen cuando llegue a la presidencia, eso es delicado; y la última cuando Meade dice necesitamos impulsar mayor progreso, desde luego que requerimos una inteligencia que no tenga problemas de recursos”, afirma el politólogo.

Sin embargo, “ahora viene el otro tema, delicado, el tema de la ciberpolítica,  que está a la vuelta de la esquina, ya estamos invadidos en redes sociales por puras fake news —noticias falsas—, el ciudadano tiene que ser sumamente cuidadoso y la autoridad tiene que actuar de oficio porque ya pasada la elección nos ocurriría lo que dice la sabiduría popular mexicana: muerto el niño a tapar el pozo, o lo peor, el muerto al pozo y el vivo al gozo, es lo delicado, es decir, que de pronto se diga que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Vea usted en cualquier encuesta que publica el INEGI —Instituto Nacional de Estadística y Geografía— sobre la victimización, refleja el miedo de salir en la noche, de andar en las calles, porque la violencia producto de la delincuencia organizada y en algunos casos vinculada a autoridades locales, ¡ojo!, sobre todo locales, deja mucho que desear”.

“Ahí es donde hay que establecer nuestras estrategias, valoraciones; de nada sirve denunciar cuando ya ocurrieron los hechos, hay que evitarlos, tener la tranquilidad de andar en las calles como debiera ser, aunque no aspiremos a un puesto de elección”.

Por último, se refiere a las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por los asesinatos de candidatos en este año electoral en México, “lo que dijo es vital, pues se refirió a dos cosas: una, que existe preocupación no solo por la muerte de políticos y periodistas; la otra tiene que ver con aplicar la ley, y es evitar la impunidad. Dos elementos que se vuelven dos rostros de la misma moneda en la medida en que se tenga vigente, practicante, actuante, positivamente el Estado de derecho, y lo digo con pleno conocimiento de causa, la aplicación de la ley, tendríamos menos problemas”.