No es Rusia o Cambridge Analytica —la consultora que filtró contenido electoral a Facebook para hacer ganar a Trump la presidencia de Estados Unidos— quienes pueden poner en riesgo los comicios mexicanos.
El verdadero riesgo para el país y su estabilidad democrática está en la creciente influencia de los cárteles del crimen organizado en el proceso electoral.
A las declaraciones del contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, sobre la injerencia de los capos del narcotráfico en las elecciones, no se les ha dado el peso y la gravedad que tienen.
Barney Montalvo dio a entender que hay capos con nombre y apellido que están interviniendo a favor de aquellos candidatos que les pueden garantizar ampliar sus espacios de poder.
Lo que nos está diciendo el oficial de la Secretaría de Marina es que, así como los cárteles están trabajando para que determinados candidatos ganen, también están operando para que otros pierdan. Y la mejor forma de quitar obstáculos a sus favoritos es asesinando a sus competidores.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo hace pocos días que es preocupante que en México asesinen a un candidato “cada cuatro o cinco días”, y recordó que del inicio del proceso electoral a la fecha van 30 aspirantes a cargos de elección popular liquidados.
Almagro, en realidad, se vio conservador. Hay estadísticas que elevan la cifra a 63 homicidios por motivos políticos en diferentes entidades del país. Han caído lo mismo candidatos a alcaldes que a regidores o a diputados locales.
No nos extrañe que, a partir de que den inicio las campañas de manera oficial, el crimen organizado eleve la mira y que su objetivo también sean quienes compiten por alguna gubernatura o la Presidencia de la República.
Todo esto lleva a suponer que los comicios del 1 de julio pueden convertirse en una disputa electoral entre candidatos protegidos y patrocinados por organizaciones criminales y aquellos que están al margen o buscan combatir la delincuencia.
Para decirlo de otra manera: la contienda puede darse entre quienes representan los intereses del Estado constitucional y los que representan el Estado fallido o infiltrado.
Diferentes analistas han venido advirtiendo desde hace varios años cómo el dinero sucio ha contaminado la democracia en México.
Hasta hace algunos años, a los cárteles solo les interesaba mantener el control comercial de la droga que vendían. Hoy lo que buscan es apoderarse de entidades completas, de sus territorios y también de sus autoridades. De ahí que sean los principales interesados en apoyar a candidatos aliados y asesinar a quienes pueden representar un riesgo para sus intereses.
Tal vez por estar al tanto del grado de penetración del narco en las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, para tenerlo de su lado, ofreció amnistiarlo, sin importarle con ello dañar la legalidad.
El dato no es irrelevante. Lo que hizo López Obrador fue darle a los narcotraficantes la calidad de autoridades electorales, tendió la mano al Estado criminal para que lo apoyen y legitimen.
El candidato de Morena tomó al pie de la letra los informes más especializados de los servicios de inteligencia: “Los capos son actores políticos de facto con capacidad de influir en el sector económico y social”.
Para el pragmático López Obrador, en cada capo hay un gran elector.
