El pleito entre Ricardo Anaya y la Procuraduría General de la República (PGR) no puede verse con indiferencia. Es apenas un pequeño anticipo de la guerra excrementicia de los próximos meses y, por ese motivo, Andrés Manuel López Obrador no debería ver el asunto con indiferencia, pues él mismo será víctima de una embestida semejante o incluso más brutal.

Lo que está en disputa es ni más ni menos que el poder, el que puede, diría don Jesús Reyes Heroles. La oposición busca hacerse de él y quienes lo tienen —¿o sería mejor decir detentan?— lucharán hasta el final para no soltarlo, porque para ellos es mucho, todo tal vez, lo que está en juego.

De formalizarse las acusaciones, el candidato panista tendrá que aclarar lo necesario, pues si por una parte afronta la posibilidad de ir a la cárcel, por la otra tiene la obligación de explicar en forma oportuna y suficiente los ilegales manejos de dinero que le endilgan, pues de no hacerlo bien puede despedirse de su carrera política.

Para López Obrador se trata de un zipizape interno de lo que llama “la mafia del poder”, un pleito de familia donde Carlos Salinas de Gortari es una especie de matchmaker o tal vez un árbitro, pues de ambas maneras lo dibuja el tabasqueño, quien aparentemente observa la bronca de reojo, aunque no le quita la vista de encima.

Como el gobierno de Vicente Fox y su partido de entonces, el PAN, se aliaron con el PRI en el asqueroso asunto del desafuero, López Obrador no se siente obligado a levantar la voz para reprobar la campaña que el gobierno federal despliega actualmente contra el abanderado de los azules. Sí, tiene motivos para no mostrarse solidario con el llamado niño maravilla, pero…

Es del todo reprobable que el gobierno de la república intervenga en forma tan grosera en el proceso electoral. De poco sirve que el responsable lo niegue. La PGR, que se supone es autónoma, en los hechos está al servicio de la Presidencia. Además, resulta reprobable que hechos que eventualmente pueden ser constitutivos de delito se divulguen precisamente ahora, cuando que ocurrieron hace varios meses.

Anaya o Diego Fernández de Cevallos ya establecieron la genealogía de los acusadores —“son unos hijos de puta”, dicen que dijeron—, pero el joven maravilla, por remoquetes no paramos, ya anunció que de ganar la Presidencia de la República meterá en la cárcel a los corruptos, lo que afectaría, suponemos, no solo a los priistas, sino a quienes se hayan enriquecido al amparo de Fox y de Felipe Calderón, porque fortunas mal habidas hay muchas y de diversos colores.