Al asegurar que autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en graves violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas y sus familias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el ataque que Los Zetas cometieron entre el 18 y 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila.
Destaca que ante las imprecisiones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la antigua procuraduría, hoy Fiscalía, General de Justicia del Estado, se vulneraron los derechos a la verdad, por lo que pide a la PGR indagar a fondo el caso, pues hay señalamientos de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional presenciaron los hechos.
En la recomendación 10VG/2018 señala que tanto en el ataque como semanas después se cometieron desapariciones forzadas de más de 300 personas, incluidos niños, ante la tolerancia y autorización de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Allende. La CNDH concluyó que en el caso se incurrió en diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal.
La CNDH apuntó que de acuerdo a informes emitidos por El Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, existen diversas imputaciones en actas de procesos judiciales estadunidenses, hechas por testigos protegidos en contra de servidores públicos federales de Coahuila y de Allende y Piedras Negras, por sus vínculos con Los Zetas.
Dichos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex integrantes de Los Zetas, han declarado que los sucesos de Allende, Coahuila, se debieron a una aparente venganza de los entonces líderes del cártel, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, El Z40 y El Z42, quienes habrían sido delatados por integrantes de la banda cuyas familias vivían en esa comunidad.
La recomendación que ha sido firmada por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ha sido dirigida al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme Solís; al fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, y al presidente municipal de Allende, Alberto Alvarado Saldívar.