La  batahola electoral no ha permitido apreciar en su exacta dimensión el hecho de que el Estado mexicano está siendo objeto de un riguroso escrutinio internacional. Así lo demuestran las recientes intervenciones de dos relevantes órganos del sistema universal de las Naciones Unidas. En primer término, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales llevó a cabo el examen periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país al suscribir y ratificar el pacto internacional de la materia aprobado por la asamblea general de la ONU el 19 de diciembre de 1996.

Los expertos que conforman dicho cuerpo colegiado apreciaron que existe un marcado déficit en la efectividad de los derechos fundamentales inherentes a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al medio ambiente sano, al agua, al trabajo, a la organización sindical.

Especialmente, llamó la atención el ultraje de que son objeto los pueblos originarios y los pueblos indígenas ya que las autoridades violan sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo tratándose de megaproyectos empresariales que conllevan la devastación de territorios, culturas ancestrales, ecosistemas y  la biodiversidad.

Paralelamente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos dio a conocer el documento denominado “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, donde se establece que existen elementos de convicción para afirmar que de las 129 personas acusadas a raíz de la tragedia de los 43 normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”, 34 de ellas fueron torturadas y 51 más fueron maltratadas y coaccionadas.  Esto es, las pruebas base de la imputación están viciadas de origen y debieron ser excluidas por los juzgadores encargados del procesamiento penal. Así pues, en este impactante texto de las Naciones Unidas se evidencia que la tesis de que los normalistas fueron sacrificados en el basurero de Cocula, Guerrero, no es otra cosa que una atroz e indigna mentira gubernamental.

El tono crítico de las instancias supranacionales en comento es absolutamente acorde con los fuertes señalamientos hechos poco antes por el Alto Comisionado en torno a la infame Ley de Seguridad Interior en el sentido de que “no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, tampoco ofrece garantías ni considera una supervisión adecuada”. Esto llevó al personero de las Naciones Unidas a emitir un inédito mensaje: “Yo, respetuosamente, le pido a la Suprema Corte de Justicia que invalide la nueva Ley de Seguridad Interior, tal como lo han solicitado algunos sectores como la CNDH”. 

Las autoridades, incluidos los ministros del máximo tribunal, tienen que acoger esos reclamos internacionales y para ello deben renunciar ya a las actitudes negacionistas y a los comportamientos catatónicos.