La mayoría de los analista internacionales coinciden en que el problema del gobierno de Donald Trump es que abre demasiados frentes. Este jueves, acaba de sumar otro más al declarar una guerra abierta contra políticos californianos que se oponen a sus propuestas antimigratorias y a los que calificó como “radicales que favorecen las fronteras abiertas”.

Para ello, puso a quien es considerado como su perro guardián, el procurador general, Jeff Sessions, a cargo de iniciar la ofensiva contra el gobierno estatal, que se opone a implantar medidas de control, entre las que se encuentran tres leyes que Trump promulgó el año pasado destinada a evitar los “estados santuarios”, los cuales considera que violan la constitución porque se brincan la legislación federal.

También contra las leyes AB-450, que regula el acceso de ICE a los centros de trabajo y la AB-103, que crea un sistema de inspección local de los centros privados de detención.

Como ha pasado en otras ocasiones, las acciones de Trump sólo han causado enemistades y, en este caso, el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, reaccionó advirtiendo una fuerte defensa “ante la Justicia de Sessions y de la demanda que el gobierno de Trump interpuso el martes por la noche en contra de tres leyes migratorias de su estado”.

“La demanda muestra el deseo de Trump de declarar la guerra a California para satisfacer a la parte más radical de su base electoral que quiere medidas más duras contra el estado, hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados” dijo Brown.

“El gobierno de Trump está lleno de mentirosos”, agregó al referirse a las personas cercanas al presidente que están siendo investigadas por el fiscal especial Robert Mueller, quien está encargado de revelar los presuntos lazos entre Rusia y miembros de la campaña del republicano para influir en las elecciones de 2016.

Brown también se atrevió a asegurar que “el gobierno de Trump carece de credibilidad y señaló que las leyes de su estado no ponen en peligro al país”, como afirma el magnate inmobiliario en su demanda.

Sessions advirtió por su parte que “el rehusarse a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales, especialmente el elemento criminal, es un rechazo directo a las leyes y crea un sistema de fronteras abiertas; una idea irracional que los estadounidenses no pueden aceptar”, agregó.

Dejó entrever que una acción que le molestó mucho fue la realizada por la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien develó el mes pasado una operación de los agentes de inmigración en la ciudad. ¿Cómo se atreve?”, dijo Sessions.