Vicente Ramos González
En nuestro país, más de la mitad de la población (51.4 por ciento) son mujeres. Su contribución al progreso de la nación toca prácticamente todos los renglones y entornos de la dinámica social, económica, científica, deportiva, laboral y, por supuesto, familiar. Las mujeres participan de manera cada día más notoria en estos rubros.
Sin embargo, aunque han existido avances en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres mexicanas, aún persisten condiciones que las han relegado, e incluso, violentado en su persona hasta casos extremos como el asesinato.
En una reciente encuesta publicada en medios escritos, se indica que ocho de cada 10 mujeres en el país refieren que la violencia y el maltrato son problemas cotidianos, tanto en su vida de pareja como laboral. Otros estudios señalan que en más de la mitad de las entidades federativas persiste una generalizada situación de hostigamiento y violencia contra las mujeres. Lamentablemente este sombrío panorama se focaliza en los estados de Morelos, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
Las estadísticas son, a la par, contundentes y escalofriantes. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la violencia entre niñas y mujeres en México cobra seis víctimas al día, con un promedio de 2 mil mujeres al año. En los últimos 16 años, indica por su parte otro análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, se han registrado 28 mil 175 mujeres asesinadas en los últimos 16 años. De ellas, el 56 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 39 años de edad.
Ante esta terrible realidad de violencia contra las mujeres, la respuesta a la pregunta qué hacer, se convierte en una inaplazable prioridad para todos los sectores que integramos México. Debemos asumir un compromiso real en todos los ámbitos, y no simplemente formal o de efemérides, con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas de todas las regiones y de todas las condiciones sociales, económicas y culturales. En esta defensa férrea de las mujeres, que tenemos la obligación moral de dar, no caben distingos de clase ni condición política ni social.
México ya no puede permitir que seis mujeres sean asesinadas cada día a causa de la brutalidad feminicida. Es necesario entender que el problema de la violencia es el síntoma y reflejo de una sociedad enferma. Entonces se debe atacar el fenómeno desde diferentes frentes, incluyendo, de manera fundamental, a la educación en la familia y en las escuelas para evitar que los niños continúen creciendo en una ideología del machismo que ha existido durante tanto tiempo.
En este empeño no debemos dejar un solo día para actuar y revalorizar el papel fundamental que la mujer ha tenido en respaldar y promover el desarrollo de México. Es compromiso de todos, incluidas instituciones públicas y gobierno, brindar a las niñas y mujeres mexicanas las garantías plenas para un crecimiento y desarrollo con equidad y sin violencia. Paguemos esa deuda que tenemos como sociedad con este sector.
Por ello, es de aplaudir aportaciones de tipo científico para colaborar en la solución de la persistente violencia contra las mujeres. Es el caso de Juan Ramón Vallarta, un científico de datos con maestría en Ciencias de Datos para la Investigación en Salud y Biomedicina. Él confía en que esta situación puede cambiarse usando tecnología ya disponible en el país, como el análisis de los datos. Considera que la violencia de género es un problema que 60 por ciento de las mujeres en México la ha sufrido, y de este sólo 2.2 por ciento ha reportado y buscado ayuda en alguna institución.
Para demostrar cómo la tecnología puede ayudar, utilizó la base de datos generada por la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y le aplicó una serie de algoritmos para centrarse en la violencia de pareja. Como resultado encontró que las mujeres atacadas por su pareja generalmente tienen su primera relación sexual a una edad menor a los 18 años, con una condición socioeconómica baja, viven en unión libre y que en los estados del país donde más ocurre esta violencia es Chihuahua, Baja California y Colima.
“Lo que queremos es encontrar maneras de identificar posibles casos de violencia y para eso aplicamos un algoritmo para tener la posibilidad de predecir casos de agresión. Una vez que se tengan datos más precisos, sería posible crear test o pruebas que utilicen los encargados de servicio social para identificar posible violencia de pareja, aunque la afectada no quiera aceptarlo. De esa manera sabrían los especialistas cómo actuar para ayudarla”, dijo Juan Ramón Vallarta.
Ojalá que de todos los sectores surjan propuestas, como en este caso en el ramo de la tecnología, para erradicar este flagelo que como país nos mantiene en el oscurantismo cultural y social.
Periodista y editor
