Si el “prospecto” de dictador en Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, de 72 años de edad, el antiguo comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que en 1979 derrocó la sanguinaria dictadura dinástica de la familia Somoza, no resuelve de fondo el problema sociopolítico causado por la oleada de manifestaciones populares en su contra, movimientos que se iniciaron el 17 de abril en varias ciudades nicaragüenses, y cuya represión ha causado —hasta el momento de redactar este reportaje—, entre 28 y 31 muertos, 70 heridos, 45 desaparecidos y otros tantos detenidos, el país centroamericano se convertirá en un punto más de desequilibrio político regional que nadie sabe cuándo y cómo podría resolverse.
El motivo esgrimido para estas jornadas de protestas —que Ortega ha tratado de sofocar ordenando la intervención de la policía y del ejército con mano dura—, fue la decisión presidencial tomada el lunes 16 de abril, para reducir las jubilaciones (un 5%, y las futuras pensiones en hasta un 12%) e incrementar las cuotas obreras y patronales (hasta en 22.5%, a más de gravar con el 5% las propias pensiones), al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), bajo el pretexto de que era necesario estabilizar financieramente el sistema de pensiones. Con estas medidas, el gobierno espera recaudar 250 millones de dólares para “salvar” al INSS de la bancarrota. Pero, tal parece que lo único que pudo “recaudar” es el enojo y la furia de miles y miles de nicaragüenses que salieron a la calle para oponerse a Ortega, su esposa, Rosario Murillo, y al gobierno en general.
Ortega Saavedra adujo que estos recortes rescatarían al INSS. La verdad es que el instituto ha estado en coma desde que el ex comandante sandinista tomó el poder, por segunda ocasión, desde hace once años, mismos que representan una administración ineficiente aparte de que se utilizaron sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, de acuerdo a lo informado por la prensa independiente de Nicaragua.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había recomendado al gobierno de Ortega la reforma del sistema del seguro social antes de que se agravara su sostenibilidad financiera, tras cinco años seguidos de déficit. Y entonces se armó la de Dios es Cristo. Jubilados, empresarios y universitarios salieron a la calle a protestar desde el martes 17 de abril, al grito de “ladrones”, “el pueblo unido jamás será vencido” y otras similares, contra el paquete de reformas, que incluso la iglesia católica calificaron de ilegal e inhumano.
Los inconformes empezaron a reunirse cerca de un importante centro comercial de Managua. La represión fue inmediata. A bordo de camionetas, armados con garrotes, llegaron militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el gobierno, y a golpear a los manifestantes. El grupo represor lo forman jóvenes fanatizados, que viven en los barrios más humildes de Managua, que son utilizados para atracar a todo aquel que ose enfrentarse al gobierno sandinista.
Cabe señalar que el gobierno no hacía uso de sus huestes incondicionales desde 2013, cuando reprimió una protesta de ancianos que exigían el pago de sus pensiones. Como ahora. Antes, esos fanáticos “sandinistas” fueron utilizados para acallar las protestas contra el fraude en los comicios municipales de 2008. Desde ese momento, el ex guerrillero Ortega Saavedra se inclinó por la represión, imitando el desempeño de Anastasio Somoza, el sanguinario dictador que combatió en su juventud. Así son las cosas.
Como suele suceder, las manifestaciones fueron aprovechadas para cometer saqueos en los comercios, lo que agravó la situación. Vandalismo en tiendas y edificios públicos. El sábado 21 de abril, cuando ya habían transcurrido varios días de tumultos, de muertos, de heridos y de detenidos, dio la cara el presidente Daniel Ortega para descalificar a los manifestantes, a los que comparó con los Maras —pandillas que operan en varios países centroamericanos—, aunque manifestó su disposición para dialogar únicamente con los empresarios, los cuales se negaron a presentarse en una reunión si antes el gobierno no detenía totalmente la represión.
Ortega, ensoberbecido, no atendió el reclamo de los empresarios y radicalizó sus medidas represivas. Ordenó censurar el canal de televisión independiente que informaba sobre las manifestaciones y agregó el despliegue del Ejército en las ciudades en donde creció el descontento, medida que sirvió para que la violencia creciera. Incluso, un periodista que transmitía directamente desde la localidad de Bluefields, en la costa atlántica, fue asesinado de un disparo —hecho por la policía—, cuando se enfrentaban manifestantes contra las Fuerzas Armadas.
Ortega y sus asesores no se esperaban esta respuesta popular. En los últimos once años de gobierno el antiguo combatiente sandinista jamás había enfrentado manifestaciones tan violentas. Hasta el momento, el día más agitado fue el viernes 20 de abril, cuando miles y miles de nicaragüenses tomaron la vía pública por completo, quemaron pancartas con la fotografía de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta —que muchos señalan como el personaje que realmente mueve la cuna en el gobierno de su marido—. Además echaron por tierra los emblemáticos “Árboles de la Vida”, ostentosas figuras de metal que el régimen ha utilizado como símbolo del poder de la pareja. También se incendiaron edificios públicos en la ciudad colonial de León, muy cerca de Managua. Y en Estelí el ejército se enfrentó con los manifestantes.
La reforma de las pensiones puso en contra del septuagenario Ortega, a dos sectores sociales entre los que el presidente no era rechazado”: estudiantes de universidades públicas y empresarios. De hecho, las primeras manifestaciones contaron con un fuerte apoyo estudiantil de las universidades públicas. Y por medio del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal organización empresarial del país, se convocó a protestas pacíficas en la capital. Pero, muchas de las manifestaciones evolucionaron en violentas protestas donde abundan los jóvenes, con pancartas que van más allá de las pensiones. Una jovencita, casi niña, mostraba un cartel que decía: “Que se rinda tu madre”.
En realidad, Nicaragua se ha convertido en un polvorín en espera de una chispa desde hace varios años. La situación política se ha deteriorado desde que en 2016 Daniel Ortega se reeligió para un tercer mandato consecutivo, algo inusual en Centroamérica donde pocos países cuentan con la posibilidad para ser elegido para un segundo mandato. De hecho, Ortega ganó sus primeras elecciones en 1984. Más tarde volvió a ganar los comicios en 2007 y desde entonces es presidente “nica”. No obstante, las elecciones fueron especialmente polémicas hace dos años porque a pesar de que contó con un 72.1% de los votos, el principal líder de la oposición fue descalificado por el organismo electoral, lo que dejó los comicios sin un candidato que pudiera quitarle a Ortega la presidencia, lo que generó muchas acusaciones de fraude.
Además, Nicaragua, después de Haití, ostenta el nada honroso segundo lugar de mayor pobreza de Hispanoamérica. Alrededor del 42.7% de la población se encuentra en situación de pobreza, y el 7.6% está en extrema pobreza. Este país centroamericano está asolado por la violencia de los Maras, las pandillas y el narcotráfico, donde más del 70% de los trabajos se realizan en el sector informal, lo que merma significativamente la capacidad de recaudación de impuestos para poder financiar el presupuesto del gobierno. Para que nada falte, Nicaragua ha hecho causa común con el régimen bolivariano de Venezuela desde el tiempo de Hugo Chávez, Y ahora, con Nicolás Maduro, ha tenido que seguir la misma ruta aunque “improductiva” pues el régimen venezolano está en quiebra, con todas las consecuencias del caso.
Por último, después de la muerte de más de 30 personas, de decenas y decenas de heridos y detenidos, el presidente Daniel Ortega revocó el domingo 22 de abril las reformas del salario social que provocaron la indignación popular. El antiguo líder sandinista aprovechó un encuentro con empresarios para anunciar esta medida, que según muchos analistas, llega tarde, pues no ha logrado apaciguar las protestas en todo el país, encabezadas por los estudiantes universitarios. Los jóvenes son los que han llevado la peor parte de la represión policial. Por lo mismo, las manifestaciones exigen ahora la salida del poder de Ortega y de su intrigante esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta, con la que comparte, literalmente, el poder.
Ese es el núcleo del problema: Daniel Ortega Saavedra, no quiere abandonar el poder, como tantos otros líderes populistas en el mundo. Nada de ideologías, solo el poder. VALE.
