El sistema democrático se fundamenta en la soberanía popular como origen del poder y la expresión de éste a través de procesos electorales universales, secretos y libres, que establezcan los mecanismos que garanticen certeza y confianza a los comicios. Por eso, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libre manifestación de las ideas, así como el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, son pilares sustanciales de este sistema.
En México, existe un padrón electoral de más de 80 millones de ciudadanos y es probable que voten al menos el 60% de estos; la decisión de su sufragio orientará el rumbo del país en los próximos 6 años, que son inciertos, particularmente por las presiones del gobierno de los Estados Unidos; la decisión personal e íntima de cada ciudadano, supuestamente, se sustenta en el conocimiento de las ideologías, las plataformas políticas y los programas de acción de los distintos partidos políticos y, en este caso, también el de una candidato independiente.
El marco legal, con todo y sus defectos, es progresista y avanzado; la forma de elegir y de contar los votos ha sido perfeccionada paulatinamente; las regulaciones de las autoridades electorales son razonables y lógicas.
Sin embargo, los diferentes niveles de educación, de interés y de situación económica, convierten a nuestro electorado en una masa informe y dúctil, fácilmente manipulable a través de los medios de comunicación; y en los últimos años se agrega un factor de guerra sucia, desinformación y noticias falsas que pretenden —y a veces lo logran— manipular la voluntad de los votantes.
Ha surgido una sombra negra que empaña a las democracias occidentales y que tiene su raíz en las campañas oscuras que manipulan la información, provocan el odio, instan a la violencia, difaman y calumnian, como ya se ha demostrado en diversos eventos electorales, como en Estados Unidos donde ha habido un escándalo mundial en este tema. Este es un serio obstáculo con el que habremos de enfrentarnos, así como el dinero no autorizado por la Ley.
Son muchos y confusos los intereses que se ocultan atrás de la próxima elección; estamos asistiendo a un proceso de degradación del sistema democrático a través, especialmente, del nuevo instrumento comunicador de gran intensidad que son las redes sociales y el internet, y junto con ellos las trampas cibernéticas, la robótica y las encuestas sesgadas y mal intencionadas que generan percepciones equivocadas.
Cientos de miles de votantes están siendo influenciados por diferentes actores anónimos, para propiciar un clima que puede desembocar en anarquía y hasta en violencia. Este fenómeno es el que tenemos que enfrentar con valores cívicos y democráticos, que deben ser la vía de esta próxima contienda electoral.
Las llamadas fake news se transmiten por cientos de miles de personas en las redes, sin regulación alguna, difundiendo a favor o en contra de los diferentes candidatos informaciones falsas que pueden influir en el resultado final. No hay hasta este momento un control jurídico de esta difusión maliciosa, que tiene visos de credibilidad, especialmente para quienes no están inmersos en el análisis político y simplemente se dejan influir.
Arrancaron las campañas y la opinión pública está predispuesta a creer todo; existe también una campaña de odio y de desprestigio al gobierno de Peña Nieto, muchas veces con razones justificadas, pero se ha exacerbado, encendiendo la mecha de la ira colectiva. Por eso, es fundamental que los partidos y los candidatos se apeguen a una conducta ética que requiere la república.
La libertad de expresión es fundamental, pero el abuso de ésta puede traernos graves consecuencias; es necesario enfrentar la desinformación con proyectos, con programas de acción y con promesas electorales que sean verificables y, sobre todo, que tengan justificación lógica desde la óptica de la economía y el derecho.
