La Procuraduría General de la República (PGR) retiró la acusación por lavado de 54 millones de pesos contra Luis Alberto López, el chofer de Manuel Barreiro, luego de que éste aceptara ser prestanombres del empresario inmobiliario y entregara a la dependencia federal la propiedad de la nave industrial que vendió Ricardo Anaya.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) judicializó el pasado jueves la carpeta de investigación contra Luis Alberto López López, quien aparecer registrado como apoderado legal de Manhattan Master Plan Development, que en el 2016 compró la bodega a Juni Serra, empresa de la que Anaya es accionista.

Adelantándose por un día a la audiencia de vinculación a proceso, López acudió a la SEIDO para hacer una declaración en la que confesó ser testaferro de Barreiro y para suscribir un acuerdo reparatorio con el que puso el inmueble a disposición de la Procuraduría.

Este martes, Nancy de los Santos Álvarez, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, validó en una audiencia el acuerdo reparatorio y, a solicitud de la PGR, también canceló la causa penal por lavado de dinero contra López.

A solicitud de López, la Jueza de control había citado a Barreiro y otras personas como testigos para la audiencia de este martes; sin embargo, ninguno de ellos asistió.

Tras la audiencia celebrada en Querétaro, el abogado Patricio Kegel Jacob señaló que su cliente declaró que sí accedió a firmar ciertos documentos, como un favor personal para su jefe –Manuel Barreiro- quien se lo instruyó.

“Le dijo: oye, necesito que me firmes unos  documentos; él accedió a ser su prestanombres, mi cliente en ningún momento dado pagó o pudo haber adquirido la empresa Manhattan, que es la empresa por la cual se adquirió una bodega”, indicó.

Asimismo, agregó que nunca celebró una compra-venta ni con Donino Martínez Diez (socio de esa empresa y suegro de Anaya) ni con la empresa denominada Juni Serra, ya que su cliente únicamente firmaba los documentos sin saber qué contenían.

La principal hipótesis de la PGR es que la compra-venta inmobiliaria es una operación típica de lavado porque el terreno donde se construyó la nave industrial fue comprado por Anaya a Barreiro en 2014.

Con el de López, son ya cuatro los testimonios que la PGR ha obtenido en un periodo de seis meses y que señalan que esta compra venta fue una simulación.

Algunos de ellos refieren claramente que fue una operación de lavado para hacerle llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial.

Los testimonios en ese sentido han sido rendidos por los abogados fiscalistas David Alberto Aarón Galindo González y Daniel Rodríguez Velasco, este último secretario técnico del Instituto Político Empresarial, organización adherente del PRI.

Al mismo tiempo, Salvador Cosío Gaona, notario público de Jalisco e hijo del ex gobernador priísta Guillermo Cosío Vidaurri, también declaró ante la PGR y denuncio que fue falsificada su firma en los documentos de cesión de las acciones de Manhattan a favor del arquitecto García Reyes.

(Con información de Reforma)