Las fiscalías de España y Alemania se reunirán en las próximas horas en La Haya para intercambiar información sobre Carles Puigdemont, según informa EFE. El objetivo de los fiscales españoles es doble: de un lado, demostrar a los alemanes que Puigdemont ha cometido un delito de malversación de bienes (1,6 millones de euros, según la instrucción del juez Llarena); y de otro, convencerles de que el expresident es también responsable de un delito de rebelión o sedición.
A la reunión acudirán algunos de los integrantes del ministerio público que son parte en la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los líderes secesionistas y también otros del land al que pertenece el tribunal regional de Schleswig-Holstein.
En ese encuentro, que se realizará en La Haya, sede de Eurojust, órgano europeo para la cooperación judicial entre los Estados miembros, los funcionarios españoles esperan poder convencer a las autoridades alemanas de que Puigdemont ha cometido delitos de rebelión o sedición. Para ello, aportarán abundante documentación de la instrucción, en la que -según los fiscales- se demostraría que durante el procés se han cometido reiterados altos de violencia -hasta 300- instigados por el que fuera máximo responsable de la Generalidad.
Aunque la Fiscalía alemana no tiene capacidad para cambiar el veredicto del tribunal de Schleswig-Holstein, desde el ministerio público español se han previsto dos soluciones: que el Tribunal de Schleswig-Holstein modifique su criterio en base a la nueva documentación que le entregará la fiscalía española, vía el ministerio público alemán; o que este mismo Tribunal -de menor rango jerárquico que el Supremo español, plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), y sea este último quien emita una recomendación.
Historia de una liberación
La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde quedó inmediatamente detenido, resolvió hace hoy una semana pedir a la Audiencia Territorial del mismo “Land” su extradición a España.
En su resolución respaldaba en todos los puntos la petición del Tribunal Supremo español, tanto en lo que concierne al cargo de rebelión, como al de malversación de fondos públicos, al tiempo que decidía mantenerlo en la cárcel de Neumünster, donde había ingresado el político catalán tras su detención.
Dos días después la Audiencia resolvió desestimar el cargo de rebelión y decretó la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros. En la resolución se requería asimismo información adicional y concreta sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por un volumen de 1,6 millones de euros, lo que compete pedir a la Fiscalía ante las autoridades españolas.