Locura es hacer lo mismo una y otra vez

esperando obtener resultados diferentes.

Albert Einstein

Luis Sánchez Jiménez

Diversas personalidades de ámbitos tan diferentes como el empresarial, la investigación académica y el mundo de la política, contemplan como viable y posible desarrollar la Renta Básica Universal (RBU) como el mecanismo más adecuado para combatir la desigualdad social, en un marco de libertad y fomento a las capacidades individuales. La RBU es una propuesta sería, radical y vanguardista que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) valora su viabilidad y ha sido impulsada por la CEPAL desde hace varios años.

La RBU puede definirse como la aportación incondicional en dinero que cada ciudadano de un país recibe por el hecho de haber nacido en ese territorio sin ninguna otra restricción, por lo que no se requiere pertenecer a una subcategoría como condición de pobreza, desempleado o ser adulto mayor.

El 23 de abril de 2015, presenté una iniciativa de ley para reformar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho al Ingreso Básico Ciudadano (IBC), entendido como una variante de la RBU limitado a las y los ciudadanos mexicanos y que su aplicación debe darse en forma gradual, comenzando con los personas más vulnerables y pobres del país.

En la plataforma electoral de la coalición Por México al Frente, con la que se buscará convencer y obtener el voto de millones de mexicanas y mexicanos, se incorporó en el apartado “Una economía para la inclusión y el bienestar”, la propuesta de “Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad”.

Esta propuesta no es un invento u ocurrencia electorera, es una propuesta seria que se plantea ante los magros resultados de políticas asistencialistas que han perdurado en cuatro décadas y que no han revertido la condición de pobreza de más de la mitad de la población de México.

La inequitativa distribución de la riqueza es un fenómeno mundial que ha profundizado los problemas de desigualdad, pobreza y exclusión social en las últimas tres décadas. La desigualdad del mundo contemporáneo como producto de la desproporcional relación entre la renta y la riqueza, se constituye en un auténtico impedimento para el ejercicio de la libertad y el respeto a la dignidad de millones de personas.

Valgan dos referencias contrastantes para invitar a pensar sobre la viabilidad de la RBU: El informe “Gobernar para las elites: Secuestro democrático y desigualdad económica” de la Fundación OXFAM, reporta que “La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1 por ciento más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99 por ciento restante”. A escala mundial, el costo de los rescates bancarios de la crisis de 2008 ascendió a 700,000 millones de dólares, de manera que con el 10 por ciento de ese total se hubiera acabado con el hambre en todo el mundo.

La Red Global de Renta Básica, a la que pertenezco, establece cuatro criterios para su financiamiento: 1) Que la implementación de la RBU se autofinancie, es decir, que no genere un déficit neto estructural; 2) Que su impacto distributivo sea muy progresivo; 3) Que más del 50 por ciento de la población con menos ingresos gane renta neta respecto a la situación actual; y 4) Que los tipos impositivos reales o efectivos tras la reforma del modelo no sean excesivamente elevados.

La Renta Básica Universal es parte de la plataforma electoral del candidato a la Presidencia de México por la coalición Por México al Frente como una propuesta de un eventual gobierno de coalición a partir del 1 de diciembre próximo.

@SenLuisSanchez

Coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República