Tamaulipas se ha convertido en un teatro constante de enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y fuerzas militares. Sede de algunos de los cárteles más poderosos que lo mismo se dedican al lucrativo negocio del narcotráfico que a delitos como secuestro o cobro de piso, las policías locales han sido insuficientes para enfrentar a estos grupos, además de que los gobiernos no han atinado en la aplicación de políticas públicas para que la delincuencia no se convierta en opción para la población en materia de fuente de ingresos.

En este escenario se ubica la utilización del Ejército y la Marina para combatir a los integrantes de estos grupos criminales, lo cual ha traído como una de sus consecuencias que la población se haya visto cercada en balaceras, con las consecuentes muertes de personas que se encontraban en el lugar equivocado al momento equivocado.

El más reciente de estos episodios se presentó el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, en donde una familia se cruzó en la zona en que efectivos de la Marina y miembros de un cártel se enfrentaban a tiros. El resultado fue la muerte de dos niñas de 4 y 6 años, así como su madre; el padre y otro niño resultaron heridos.

Pese a que se trató de un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y personal militar, solo estos últimos han recibido acusaciones por los hechos, además de ser señalados como responsables de lo que para algunos usuarios de redes sociales, activistas y no pocos periodistas es una masacre, sin que los criminales sean mencionados también como responsables o se exija que sean llevados ante la justicia.

Se trata de un patrón que se repite en cada ocasión en que civiles mueren por el fuego cruzado entre delincuentes y cuerpos de seguridad.

La Marina, por su parte, aceptó en un comunicado su responsabilidad: “la Secretaría de Marina, Armada de México, asume ante las y los mexicanos la responsabilidad social que ello representa, a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de este tipo de escándalos que buscan enjuiciar solo a una de las partes que participaron en una balacera que produjo muertes de ciudadanos?

Siempre! entrevistó al reconocido penalista Juan Velásquez, quien nos dio su punto de vista sobre lo que rodea estos acontecimientos.

Seguridad y combate al crimen

“Recién sucedidos los hechos, me pidieron una entrevista. Tras ver fotografías del automóvil dañado, con las versiones de que el helicóptero de la Marina le había disparado, por el testimonio de la hermana de una de las víctimas, noté que esta señora no lo había presenciado e incluso reconoció que se lo habían dicho, por lo que pude afirmar que el vehículo no había sido el blanco del helicóptero, porque este está artillado con una ametralladora Dillon que dispara 3 mil balas por minuto, es conocida como lluvia de fuego por la intensidad, sus proyectiles llegan incandescentes a su destino, por lo que si el vehículo hubiera sido alcanzado sería destruido, lo que no se aprecia en las imágenes”, explicó nuestro entrevistado.

De acuerdo con la información que el abogado ha recabado, pudo reconstruir mucho de lo sucedido en esa ocasión. Los detalles los compartió con este medio.

 “La PGR a través de su laboratorio de criminalística llevó a cabo una reconstrucción de los hechos. Dicho laboratorio tiene equipo y técnicos a la altura de cualquiera del mundo. Su informe destacó que los marinos fueron agredidos por los delincuentes, el helicóptero apoyó a una tercera unidad que fue en rescate de otras dos, la primera salió de una base en Tamaulipas. Tanto esta como la segunda fueron agredidas y pidieron apoyo. En el fuego cruzado se atravesó el vehículo, por eso recibió impactos en los dos costados, tanto de marinos como de delincuentes, que provocaron las muertes y heridas en la familia. Llama la atención que el auto tiene 16 impactos de bala, habrían sido 250 o 500 si el helicóptero hubiera disparado en contra del auto; este recibió impactos accidentales, fue una presencia equivocada en el momento equivocado. La PGR determinó que los marinos no tenían como blanco el vehículo, fue un lamentable accidente”, señaló  Velásquez.

Nuestro entrevistado señaló que el peritaje le dio la razón cuando señaló que el helicóptero no tenía como blanco el vehículo de la familia agredida, pues presentó solo 6 impactos en el techo.

El siguiente episodio

En el ámbito legal, luego de que la Secretaría de Marina reconoció responsabilidad por los acontecimientos, las víctimas podrán tener acceso al fondo que se ha creado para apoyarlas, un mecanismo legal que ha sido creado para atender a personas que han sufrido algún ilícito.

“La Marina aceptó esa responsabilidad como un gesto de buena voluntad y de consternación, porque legalmente la Marina no tendría que reparar un daño que no causó, ya sea intencional o culposamente, obviamente la Marina no causó ese daño de manera intencional o culposa, pues también se encuentra el hecho de que el conductor del vehículo involuntariamente se cruzó por la zona del enfrentamiento”, agregó Juan  Velásquez.

Y también estos sucesos regresan al debate nacional el tema de la Ley de Seguridad Interior, un ordenamiento que se encuentra a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamine al respecto.

“Por supuesto que las fuerzas armadas requieren de un apoyo legal si se encuentran en labores de seguridad pública que no les corresponden, pero esto también demuestra la urgencia de que en los ámbitos federal, estatal y municipal se cuente con policías y a los militares se les retire a sus cuarteles, que es donde constitucionalmente deben estar”, señaló el penalista.

Asimismo, aseguró que también se deben dar a conocer las conclusiones de los peritajes, en especial si se quiere conocer lo que realmente sucedió.

“Lo importante de este dictamen es que se acredita sin duda que la Marina no tuvo como blanco al vehículo ni la intención de atacarlo”, sostuvo el abogado.

Campaña en contra

Con la experiencia en derecho penal y en representación de distintos personajes que han aparecido en medios, Juan  Velásquez evaluó todo el escenario que se desprende de hechos como los aquí comentados y las repercusiones en el ámbito de la seguridad.

“A veces hay un interés más allá del legitimo de las víctimas, no en este caso, pero sí en ocasiones de llamarse víctima para una indemnización o llamarse defensor de derechos humanos para que el Ejército se salga de una zona, con el interés de que no entorpezca actividades ilícitas. Hay que recordar que cuando la Marina estuvo en Sinaloa, había una diputada local que airadamente alegaba violaciones de derechos humanos de los marinos para que se salieran de donde estaban, para que luego se descubriera que tenía una relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera, el famoso Chapo; entonces, por más que luego haya reclamaciones fundadas, en muchos casos no lo son.

“Cuando son acusaciones fundadas, las propias fuerzas armadas persiguen judicialmente a los elementos que han cometido algún delito. Es tan así, que la Marina y el Ejército han emitido protocolos para el uso de la fuerza, han firmado convenios con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y han capacitado a más de 50 mil militares para que los observen en esta lucha contra el crimen organizado”, comentó a Siempre!

Pero, además, no dejó de recalcar una ironía que aparece, a su juicio, en todo este tema.

“Nosotros los civiles sacamos de sus cuarteles a los militares para que la hagan de policías sin ser policías, pero cuando la hacen de soldados sin ser policías los queramos llevar pero no a sus cuarteles, sino a la prisión, aunque la verdad es que se debe a que en México hay alrededor de 400 municipios sin policía, alrededor de 800 municipios con alrededor de 20 policías que apenas cursaron la primaria, con salario mínimo, sin equipo ni preparación, y el 75 por ciento del sistema policial infiltrado por la delincuencia.

“Por otro lado, tenemos una delincuencia que llamamos organizada, feroz, que tiene en jaque parte del territorio nacional, hay pueblos fantasma, hay más de 100 mil muertos, desaparecidos, desplazados, más de 100 presidentes municipales asesinados y una criminalidad que no solo pone en riesgo la seguridad pública en cuanto a delitos, sino la seguridad interior, que es la estabilidad de las instituciones del Estado, porque si no fuera por las fuerzas armadas pues probablemente este país ya estuviera en manos de esta delincuencia”, concluyó Juan  Velásquez.

Otro caso en contra de la Marina: moches

En el momento en que se debatía acerca de la presencia de militares en funciones de seguridad pública, en particular luego de lo sucedido en Tamaulipas, el diario Reforma dio a conocer que el sexenio pasado el jefe de ayudantes del titular de la Secretaría de Marina, almirante Francisco Gerardo Martínez Pastelin, y su hermano Jesús Marcial se vieron involucrados en irregularidades.

Juan  Velásquez defendió al almirante Martínez Pastelin, quien fue exonerado de las acusaciones, aunque no se ha involucrado en el caso del hermano del mando naval, pero sí conoce detalles del caso.

“El último año del sexenio anterior, el periódico El Universal publicó de manera escandalosa como ahora lo hace Reforma, por decirlo de alguna manera, la misma noticia, aunque en aquel entonces no se enjuiciaba al hermano del almirante Pastelin. Los medios dieron a conocer el tema de los moches, lo que motivó que la PGR y la Secretaría de la Función Pública iniciaran una investigación, cada una por su cuenta, en contra de Pastelin. Yo patrociné a Pastelin y luego de un año de investigar exhaustivamente se le exoneró por la inexistencia de esos moches.

“Ese es un tema; ahora se acusa al hermano de hacer negocios con dos empresarios, que generaron ingresos para compañías de Jesús Martínez Pastelin sin que se reportaran dichos ingresos ni impuestos, configurando una evasión fiscal, por lo que al almirante Pastelin y a su hermano, junto con los empresarios, los estaban enjuiciando; ahí no intervine, pero supe por el hermano del almirante que dichas acusaciones eran infundadas debido a que sí se reportaron los ingresos y sí se había pagado el impuesto correspondiente”, indicó nuestro entrevistado.

Juan  Velásquez indicó que este tema no tiene que ver con las acusaciones que se dieron a conocer el sexenio pasado, algo que se investigó y que terminó con la exoneración de los involucrados.

@AReyesVigueras