La única situación estable es aquella en que
todos los hombres son iguales ante la ley.
Aristóteles
El juez del décimo sexto distrito en materia administrativa, Ricardo Gallardo Vara, amparó a una empresa inmobiliaria que impugnó el proceso de expropiación que el gobierno de la ciudad emitió a favor de los habitantes del viejo edificio de Álvaro Obregón 175 de la colonia Roma, argumentando que el valor del terreno, tasado en 23.8 millones de pesos, es un elemento suficiente para demostrar que ahí no se pueden construir viviendas de interés social.
Su atroz argumento pone en riesgo un principio elemental de justicia y entraña un acto de limpieza social que obstruye acciones gubernamentales a favor de garantizar el derecho a la vivienda digna y segura a la población de la capital.
Quienes vivimos y deambulamos por la Roma desde la mitad del pasado siglo, el edificio, ubicado en la acera norte de la frondosa avenida Álvaro Obregón, entre las calles de Jalapa y Tonalá, recordamos el inmueble, no por ser un hito arquitectónico de la otrora aristocrática Roma, sino por ser un ejemplo del tesón y desafío de un admirable grupo de vecinos que a lo largo de los años debieron soportar la incuria exhibida por sus propietarios.
Tal situación, hizo que el inmueble fuese sujeto al programa de vivienda de interés social que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México aplica en función de las familias de escasos recursos y no en función de la plusvalía, principio de especulación, este último, que el juez hizo valer por sobre el más elemental de los principios de justicia social.
Dicho juez señala en su resolución que el inmueble no resulta apto para edificar vivienda de interés social y popular, ya que en la zona en que se ubica las viviendas podrían tener un valor mucho más elevado del monto máximo de 9 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, es decir 720 mil pesos por departamento.
Además de discriminatoria, esta postura exhibe a un agente inmobiliario de toga y birrete, muy al estilo de quien ahora vive un exilio dorado en los Países Bajos, el exmagistrado Edgar Elías Azar, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y cuya inclinación por los negocios inmobiliarios marcó su paso por ese honroso cargo y quien, tras su derrota ante los Constituyentes, prefirió embarcarse en el servicio diplomático que perder la hegemonía centralista con la que pretendía dominar el Poder Judicial de la ciudad.
Lo que sí nos queda claro es que Elías Azar creó escuela y uno de sus más distinguidos alumnos es, sin género de dudas, este juez de marras que se apalanca en sus dotes de valuador inmobiliario y resuelve a favor de un particular que venderá en millones de pesos estas viviendas que ambiciona edificar en uno de los lugares más atractivos de la ciudad.
Si desde los tiempos de Aristóteles la igualdad ante la Ley es un postulado de estabilidad social, hoy no podemos permitir que la avaricia mate la justicia, como lo pretende el juez Gallardo Vara.
