Dos nuevos acontecimientos de carácter internacional están incidiendo sobre la ya de por sí maltrecha imagen del gobierno de Peña Nieto. El primero es el anuncio hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que el Estado mexicano será juzgado en breve por la desaparición forzada de tres jóvenes chihuahuenses, lo que, más allá de la tragedia concreta, conllevará el análisis de la guerra antinarco emprendida por Calderón y continuada por la presente administración.
El segundo suceso tiene que ver con el informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura. Sometido a una estricta e inexplicable reserva por parte de la cancillería, la difusión de este importante documento fue posible gracias a las solicitudes de transparencia interpuestas por diversas ONG y al despliegue de una inusitada medida de presión institucional ordenada por el titular de la CNDH.
El celo del que hicieron gala los funcionarios de Relaciones Exteriores muy posiblemente está relacionado con la enérgica denuncia que se contiene en el informe en cuestión: I) la tortura es un fenómeno generalizado cuyos niveles de impunidad son alarmantes; II) los actos de tortura son atribuibles tanto a efectivos militares como a miembros de las fuerzas policiales; III) tales atrocidades consisten en golpizas con puños y armas de fuego, torsiones de extremidades superiores, privación de agua y comida, aplicación de toques eléctricos en cara y genitales, asfixia con bolsas de plástico, rotura de dientes con pinzas, introducción de agua en la nariz, etcétera.
Torturas y desapariciones forzadas conforman un tremendo desafío para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la subsistencia del modelo de la sociedad democrática propugnado por la Corte Interamericana. Ambas patologías son fruto del clima de violencia que vive el país y pueden ser objeto de un vertiginoso escalamiento si la Ley de Seguridad Interior es validada por los más altos togados.
Es imperioso desfacer ese entuerto, esa monstruosidad legislativa. Para ello basta acoger los calificados puntos de vista de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien sostiene que dicha ley ostenta graves vicios de inconstitucionalidad: I) permite al Ejecutivo militarizar el país ya que no tiene contrapeso alguno; II) el Ejército puede intervenir en caso de resistencia no agresiva, esto es, manifestaciones pacíficas; III) el artículo 21 de la Carta Magna establece con una claridad impresionante que las instituciones de seguridad pública deben ser de naturaleza civil.
Si tales advertencias no fueran suficientes para conmover a sus colegas de magistratura, tal vez los siete murales del artista Cauduro visibles en los muros añosos del edificio de la Corte logren ese objetivo. La represión, la tortura sistemática, el hallazgo de cráneos por doquier y otras desgarradoras escenas que ahí están plasmadas son el futuro que nos aguarda si los ministros deciden declarar la validez del ordenamiento ad hoc exigido por los altos mandos castrenses.
