Las carpetas de investigación por secuestro del fuero común iniciadas en cinco años y dos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, superaron en 22% a las registradas durante el mismo periodo –de 2007 a febrero de 2012- del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Todo apunta a que antes de que concluya este sexenio se establecerá un récord en el número de plagios reportados por los 32 procuradurías y fiscalías del país, al contabilizar 6 mil 582 casos, frente a los 6 mil 584 de los seis años anteriores, una diferencia de sólo dos secuestros.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que a pesar de reducir el número de carpetas en los primeros cinco años de la presente administración al sumarlo se abrieron 6 mil 582 expedientes por este delito, mientras que en el mismo periodo del gobierno anterior se iniciaron 5 mil 386, una diferencia de mil 196 investigaciones, que incluyen una o más víctimas.
Entre los estados con mayor incidencia están: Tamaulipas, Estados de México, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca y Nuevo León.
Hace unos meses la titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), Patricia Bugarín Gutiérrez, señaló que desde la federación se han venido asignando todos estos años una suma de acuerdo a las necesidades de cada estado. El total nacional de recursos que se han asignado ha sido de 2 mil 268 millones de pesos, que se distribuyeron a las cinco regiones en las que se dividió el país”.
Destacó que hay un desequilibrio en los recursos que destina la federación y los gobiernos estatales para atender este delito, que afecta principalmente a las entidades del noreste y sureste del país. Reveló que han detectado que en muchos casos donde se piden recursos, pasan los meses y no es utilizado por las autoridades estatales, lo que consideró grave que haya subejercicio en este tema.
Por su parte, Sandra Aguirre, directora de la coordinación de Ministerios Públicos de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro, resaltó que el trabajo entre las unidades antisecuestros en los estados ha logrado la reducción de este delito. “En Michoacán se ha reducido 70%, es uno de los mayores logros que presumimos en la entidad. Hemos salido de los primeros lugares como estado que tenía el índice más alto”.
En contraste, para el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Rodrigo Soto, la estrategia antisecuestro del gobierno federal y de los estados falló, por lo que consideró que quien gane la elección presidencial debe replantear el combate de los delitos que afectan a la sociedad.
Las autoridades locales siguen “teniendo una dependencia parasitaria” de las instituciones de seguridad federal para atender los problemas de violencia. “Esto no puede seguir, la atención a la seguridad pública depende mucho de la policía local.
En opinión, de Pablo Carstens Madero, especialista en el tema de secuestro, el problema en los últimos cinco años, es que no haya confianza en las policías estatales, debido a que algunos de los elementos que la integran están coludidos con los propios secuestradores.
En tanto, el coordinador del programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, refirió que el próximo gobierno deberá revisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de plantear un nuevo esquema de combate a los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, lamento que “el secuestro se ha convertido en un problema sustancial” al pasar de 10 entidades a 28 con aumentos sustanciales.
(Con información de El Universal)