Varios acontecimientos han puesto de manifiesto, una vez más, la grave crisis de derechos humanos en la que está envuelto el país, especialmente a partir de la declaratoria presidencial de guerra al crimen organizado hecha a principios de diciembre de 2006. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó en su informe anual 2017 que el Estado mexicano no ha solventado las observaciones que le fueron fincadas en seis rubros capitales: I) seguridad ciudadana; II) desapariciones y desapariciones forzadas; III) torturas; IV) ejecuciones extrajudiciales; V) acceso a la justicia; VI) afectación de personas LGBT, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos vulnerables.

Poco antes, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, concluyó que existe un déficit en el goce de los derechos fundamentales inherentes a la alimentación, la vivienda, la educación, la cultura, el medio ambiente, el agua, el trabajo y la organización sindical. Especialmente, llamó la atención el ultraje de que son objeto los pueblos originarios y los pueblos indígenas, pues en aras de favorecer los megaproyectos empresariales que conllevan la devastación de territorios, culturas ancestrales, ecosistemas y la biodiversidad, las autoridades violan sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esas fechas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidenció la falsedad de la verdad histórica urdida en torno al caso de los normalistas de Ayotzinapa, al aseverar que existen elementos de convicción para afirmar que de las 129 personas acusadas de la desaparición de los estudiantes, 34 de ellas fueron torturadas y 51 más fueron maltratadas y coaccionadas.

A ese tremendo trazo internacional acaba de agregarse el demoledor diagnóstico hecho por el titular de la CNDH durante la presentación de su informe de labores 2017. En un acto realizado en Los Pinos, Luis Raúl González advirtió lo siguiente: I) México no ha experimentado un cambio significativo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; II) a lo largo del sexenio no se ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado a las prerrogativas fundamentales de las personas; III) el gobierno de Peña Nieto está marcado por las tragedias acaecidas en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán y Chalchihuapan.

Asimismo, el ombudsman nacional reprochó al Ejecutivo el que la Ley de Seguridad Interior se haya promulgado sin atender las voces de alerta provenientes de autoridades internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y  la Comisión Interamericana.

Remontar esa herencia nefasta exigirá el despliegue de muchas acciones de carácter multidimensional. Una de ellas es la detención del proceso de militarización y el derrumbamiento de la Ley de Seguridad Interior. Los ministros del máximo tribunal no pueden eludir esa histórica responsabilidad.