La exoneración que hicieron tres jueces —y ahora también Andrés Manuel López Obrador— de Nestora Salgado forma parte de la corrupción e infiltración del narcotráfico que existe en el sistema judicial y político del país.
Decir que es inocente, simplemente porque está en libertad, porque los jueces no lograron acreditar su responsabilidad y porque el candidato de Morena decidió convertirla en candidata, no avala su inocencia. Nestora fue acusada de secuestro cuando era comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
López Obrador ha tratado de crear la percepción de que fue injustamente inculpada por el gobierno y de que ahora es una perseguida política del candidato presidencial José Antonio Meade.
No fueron las autoridades de Guerrero quienes acusaron a Nestora de secuestro, tampoco las federales; fueron los familiares de seis jóvenes quienes se presentaron —el 3 de julio de 2013— ante la procuraduría del estado para denunciar que la hoy candidata de Morena los extorsionaba para devolverles a sus hijos. En los expedientes están los testimonios de cómo Nestora cobraba entre 5 mil y 20 mil pesos a cambio de liberar a los jóvenes por ella secuestrados.
Lo que hoy necesita saber la sociedad no es si López Obrador la perdona, sino las razones por las cuales no está cumpliendo una condena.
¿Por qué los jueces señalaron que no había delito qué perseguir, cuando los padres de las víctimas y las mismas víctimas siguen insistiendo hasta el día de hoy que ella los secuestró
Existen vacíos de información y errores cometidos por la autoridad que López Obrador y su propaganda utilizan para victimizar a su clientela política.
Nestora no está en la calle, amparándose en la candidatura que le dio Morena, porque sea inocente. Está libre porque sus abogados adujeron que el Ejército no presentó orden de aprehensión en el momento de detenerla.
Algunas policías comunitarias, tanto en Guerrero como en Michoacán, han sido útiles para proteger a sus pueblos, pero otras se han asociado con el narcotráfico, operan bajo las órdenes de los cárteles del crimen organizado y utilizan el dinero para corromper a policías y jueces.
En 2016, la Comisión Nacional de Derecho Humanos acreditó que doce elementos de la policía comunitaria de Guerrero eran responsables de violar los derechos humanos de sus propios hermanos indígenas.
Varias fuentes han señalado que el caso de Nestora no está cerrado. Hay varios expedientes abiertos en su contra por secuestro, violación y tortura.
Un débil sistema judicial está por permitir que una profesional del secuestro llegue al Senado donde se legisla, precisamente, en contra del crimen y el abuso.
Nada más falta que, de obtener mayoría, el grupo parlamentario de Morena decida convertir a Nestora en presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Lo que hoy hace López Obrador es simplemente acogerse a la famosa presunción de inocencia para llevar al Senado a una profesional del secuestro.
