Roberto García Hernández
La disputa en Canadá sobre la ampliación del oleoducto Trans Mountain amenaza con convertirse en una crisis constitucional y constituye un peligro para las aspiraciones del Partido Liberal con vista a las elecciones federales de 2019.
Para hacer frente a esta situación, el primer ministro Justin Trudeau se vio obligado a regresar el 15 de abril a Ottawa, tras participar en Lima, Perú, en la VIII Cumbre de las Américas, en lugar de seguir su plan de viajar a Francia y el Reino Unido, gira que reinició un día después.
El gobernante sostuvo una reunión de carácter urgente ese mismo día en el Parlamento federal con los líderes de los gobiernos provinciales de Alberta y Columbia Británica (CB) para solucionar la disputa sobre la ampliación del mencionado oleoducto, a cargo de la empresa Kinder Morgan.
Trudeau discutió con el primer ministro de CB, John Horgan, a quien acusa de obstruir de forma ilegal este proyecto, y la jefa de Gobierno de Alberta, Rachel Notley, partidaria de seguir adelante con la obra.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA DILACIÓN
Notley amenazó con cortar el paso a los suministros de combustible por tierra al territorio de CB, cuyo gobierno se opone a la expansión del Trans Mountain, bajo el argumento de que provocaría afectaciones al medio ambiente.
Según esta alta funcionaria, las dilaciones en la terminación de la obra le cuestan a Canadá 40 millones de dólares diarios por pérdidas debidas a embotellamientos en el mercado y mayores tarifas de transporte.
El proyecto valorado en más de siete mil 400 millones de dólares canadienses y aprobado hace 17 meses, prevé triplicar las capacidades de ese conducto que se extiende desde las arenas de Alberta ricas en alquitrán, a través de las montañas, hasta la costa de la ciudad de Vancouver.
Este oleoducto tiene ahora mil 150 kilómetros de largo y con su extensión permitiría trasladar hasta 890 mil barriles de crudo diariamente hacia el occidente canadiense, para exportar el producto a Asia y otros mercados.
La compañía ejecutora suspendió temporalmente todas las actividades no esenciales y los gastos relacionados con su terminación debido a la oposición del Gobierno de CB, así como los cuestionamientos por parte de los ecologistas y de líderes aborígenes.
Dicha corporación dio de plazo a Trudeau hasta el 31 de mayo para que decida si se continúa los trabajos, mientras las autoridades federales y líderes del Gobierno de Alberta intentan buscar la ayuda financiera necesaria para prestársela a Kinder Morgan, que hasta la fecha invirtió más de mil millones de dólares en este plan.
Con el fin de presionar a CB, Alberta introdujo una legislación recientemente que de ser aprobada le daría la posibilidad de controlar cuáles productos fluyen a través de los oleoductos destinados a la exportación, priorizando las cargas de petróleo crudo sobre los combustibles refinados, como la gasolina, que son los que más consume el territorio vecino.
Si esta legislación es aprobada, reglamentaría la cantidad de combustible que las compañías de transporte por carretera y ferrocarriles estarían autorizadas a trasladar y cuándo podrían hacerlo.
Quienes violen esta disposición enfrentarían multas de hasta un millón de dólares diarios para los individuos, y unos 10 millones por día para las corporaciones.
Añadió Notley que solamente hará cumplir estas nuevas reglas si Kinder Morgan cancela la ampliación del oleoducto el mes próximo, sobre lo cual las autoridades de la CB amenazaron con imponer una demanda en los tribunales por la supuesta inconstitucionalidad de una medida de este tipo.
La jefa de Gobierno de Alberta añadió que sin duda alguna este oleoducto será construido, cueste lo que cueste, a lo que el ministro del medio ambiente de CB, George Heyman, respondió que estaba preparado para defender los intereses del territorio con todos los medios legales posibles.
Hacia la Columbia pasan diariamente más de 80 mil barriles de combustible refinado cada día, suministro que pudiera verse afectado si las contradicciones entre las partes involucradas se agravan.
COSTO POLÍTICO PARA TRUDEAU
Importantes diarios canadienses, así como organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente, critican con fuerza el apoyo a ultranza de Trudeau a la ampliación del oleoducto, a pesar del rechazo que este genera en todo el país, encabezado por líderes de los pueblos aborígenes.
Para algunos especialistas, el Trans Mountain parece ser el mayor desafío de Trudeau desde su triunfo al frente de los liberales en los comicios federales de 2015, cuando el ahora primer ministro cumplió sus promesas de proteger el medio ambiente y construir una nueva relación con los pueblos originarios (aborígenes) sobre la base del proceso de reconciliación.
A juicio de Stewart Phillip, presidente de la Unión de Jefes Indios de CB, el gobernante dice públicamente que los gobiernos otorgan permisos y las comunidades dan su consentimiento, pero en este caso los indígenas, así como los ciudadanos de ese territorio, no han otorgado consentimiento ni licencia social para que este proyecto continúe.
Una encuesta publicada el 18 de abril por el Angus Reid Institute señala que dos de cada tres canadienses consideran errónea la decisión de las autoridades provinciales de CB de oponerse a la ampliación del oleoducto, mientras más de la mitad de la población en el mencionado territorio quiere que el proyecto siga adelante.
Sin embargo 60 por ciento de los ciudadanos de CB y 71 por ciento de los de Alberta estiman que Trudeau ha hecho un mal trabajo en la solución de esta disputa.
Expertos señalaron al diario The Globe and Mail que si finalmente esta obra no se concluye está en peligro el futuro político de Trudeau.
Preocupado por el impacto de esta disputa, Trudeau prometió ayuda financiera y dijo que su gobierno elaboraría una legislación para reafirmar la jurisdicción federal sobre el asunto.
Esto con el fin de garantizar que se termine la ampliación del Trans Mountain y de que todos los inversionistas involucrados confíen en que el proyecto seguirá adelante.
El gobierno federal alista una legislación para hacer valer su jurisdicción sobre el proyecto de expansión de obras de este tipo, con el fin de imponer su “supremacía” en disputas como esta, lo que le permitiría a Ottawa anular cualquier legislación provincial que pretenda detener obras como la de Kinder Morgan.
Sin embargo, especialistas en temas constitucionales advierten que cualquier esfuerzo diseñado para limitar la autoridad de las provincias también enojaría a los gobiernos de estas, en particular al de Quebec.
Campbell Clark, periodista del diario The Globe and Mail, sostiene que la disputa sobre el oleoducto es un caos interprovincial, pero no una crisis constitucional, pues las preguntas en juego ahora no son sobre quién tiene jurisdicción, sino quién parece adoptar una posición fuerte y dura para su propio bando.
De cualquier manera, las partes involucradas en este litigio se niegan a ceder en sus posiciones respectivas y no se vislumbra a corto ni mediado plazo una solución, lo que pone a los liberales, liderados por Trudeau, en una difícil coyuntura, a poco más de un año de las elecciones federales de octubre de 2019.
El autor es Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
