El 22 de abril, en el Centro Histórico de la Ciudad de México se realizó el primero de tres debates entre los cinco candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. En este ejercicio democrático se abordaron tres temas que constituyen grandes retos para el Estado mexicano: seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad y democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.
A partir del planteamiento de dos preguntas por tema, los aspirantes debieron presentar propuestas concretas; sin embargo, pese a un formato más propositivo y menos rígido, el debate resultó superficial y beligerante por la escasez de propuestas detalladas y la saturación de ataques. Empero, a dos meses de campaña y dos debates, hay tiempo para profundizar en planes y propuestas concretas.
El primero de los ejes, “seguridad pública y violencia”, afecta la vida cotidiana de los mexicanos y quizá sea el más apremiante por atender de la nueva administración. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México al sumar 29,168 homicidios intencionales, cifra inédita en los 20 años en que se informa oficialmente este delito.
En materia de seguridad, hay contrastes entre candidatos. Mientras, por un lado, se propone la amnistía como un medio de solución; por el otro, se propone el ejercicio del Estado de derecho con diferentes instrumentos con base en el proyecto específico de cada plataforma política. Si bien la estrategia de combate a la inseguridad no ha tenido resultados, en un proceso electoral deben hacerse propuestas de cara al futuro.
El binomio corrupción-impunidad es otro mal que afecta y que ha generado una crisis de credibilidad institucional y la apatía de la ciudadanía para participar en la vida política. La corrupción ha crecido significativamente por el alto nivel de impunidad. De El Índice Global de Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 en torno a la percepción de la corrupción, registrando una caída respecto a 2016.
En el combate a la corrupción e impunidad, tampoco hay similitud, salvo en contar con un fiscal independiente, aunque la diferencia principal radica en cómo se nombraría. Mientras, por un lado, se propone sea el propio presidente quien lo nombre y esté bajo sus órdenes, por el otro lado sería el Congreso quien lo avale como representante de la sociedad civil a fin de que tenga autonomía de gestión.
Por último, en materia de democracia, la revocación de mandato cada dos años es una medida que no comparte el resto; el país necesita certidumbre política y económica para atraer la inversión y generar empleos. Por otro lado, las propuestas sobre pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad fueron escasas y desarticuladas.
Ante un electorado en buena parte de nuevos votantes y que no vivió la inflación de los años ochenta o padeció carencias en la economía, un entorno social de molestia con aires de enojo, muchas propuestas pueden parecer disruptivas o nuevas, pero no es así. Es por ello que hay que convencer con la razón y no vencer con la emoción.
México tiene un gran reto histórico y, por tanto, la ciudadanía debe exigir mucho más de quien aspira a ocupar la Presidencia de la República, viendo al futuro y no quedándose en el pasado.
