¿Cuál es la esencia de un buen gobierno?
No resolver los asuntos con precipitación
y no buscar el propio provecho.
Analectas
En los años recientes, ha sido necesario y fundamental hacer una revisión a profundidad de la administración pública, que es la función de gobierno encargada de la prestación de los servicios públicos más básicos para el desarrollo de la sociedad: salud, seguridad publica, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros.
Nace así el concepto de “derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración pública”. Un gran precursor es Jaime Rodríguez-Arana, catedrático y académico de la Universidad de la Coruña. El planteamiento es poner en el centro de las acciones del gobierno y de la administración pública a la persona. Un regresar a los orígenes. Porque el Estado fue creado para buscar el bien común y lograr la paz y la estabilidad social.
Esa idea se perdió ante un Estado autoritario, parcial, arrogante, que desconocía su origen y que dejó de hacer su función, considerando al gobernado como un esclavo sujeto a la voluntad de su gobierno. Además, usó los recursos de todos, como si fueran suyos. Dejó de diseñar planes, programas y políticas públicas que beneficien la colectividad para intercambiarlos por intereses personales corruptos de sus funcionarios públicos en turno.
Los servicios públicos que debían prestar con calidad y responsabilidad privilegiando el bien común, fueron sustituidos por negocios personales muy lucrativos, sin importarles que con ello dañarían proyectos de vida, personas e instituciones públicas y privadas.
Considerar el derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración pública, resulta alentador, pero modificar la visión de servicio público para pasar a una de servicio del interés general es todo un paradigma que no es fácil de cambiar. Este inicio es muy importante ya que la prestación de un servicio público constituye una acción proveedora que cualquiera puede hacer, sin embargo, actuar conforme al servicio del interés general, este prevé que se proteja el bien común y las acciones sean encaminadas a lograr los servicios que en verdad requieren los sectores ciudadanos y estos sean de la mayor calidad y nivel posible.
Además, el manejo y disposición de los recursos económicos deben usarse con la obligación de planearlos y ejecutarlos mediante políticas públicas y acciones que sean del interés general de la colectividad y no del interés particular de los gobernantes.
Ahora que estamos en medio de un proceso electoral de gran envergadura para renovar la administración pública federal, sería muy bueno que los candidatos, todos, abrevaran en esta nueva visión de derechos humanos y nuevo derecho administrativo, comprometiéndose de fondo con los ciudadanos a que cumplirán con el derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración pública.
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