Héctor Tenorio
México calificó de racistas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump que llamó “animales” a los migrantes que entran a su país. Ante la crítica el mandatario precisó que se refirió a la Mara Salvatrucha de origen salvadoreño que utilizan las ciudades santuarios como un refugio. Insistió en expulsarlos masivamente. El mayor obstáculo que ha encontrado el republicano para lograr su proyecto ha sido el Partido Demócrata. Atrás de la discusión están las elecciones de noviembre.
El Salvador figura entre las naciones con más alta tasa de homicidios per cápita del mundo, ha sido devastado por bandas criminales transnacionales, incluyendo las que tienen profundos lazos con Estados Unidos que facilitan el crimen violento, el tráfico de drogas y personas. Es necesario recordar que La Mara Salvatrucha 13 al igual que el Barrio 18 surgieron en la segunda mitad del siglo pasado en Los Ángeles, California. A principios de los 90 Washington inició una política de deportaciones provocando que miles de salvadoreños regresaran al país del que habían huido durante la guerra, pero convertidos en pandilleros.
El fenómeno no estuvo incluido en los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en 1992. Su crecimiento fue el reflejo de los fallidos planes económicos y sociales aplicados durante la posguerra. Las políticas de seguridad pública resultaron contraproducentes porque tuvieron una visión cortoplacista, predominantemente represiva, pensado más en los procesos electorales que en defender lo que debe ser un Estado constitucional y democrático de derecho. El resultado no podía ser otro que un aumento de la violencia. El poder que alcanzaron estos grupos de delincuentes se ha expandido a los países vecinos.
Mientras que el politólogo Marlon Hernández-Anzora consideró un error actuar como si las pandillas solo fueran un asunto de seguridad pública o como si se tratara del único problema del país centroamericano. Desde su óptica es un conflicto político relacionado con profundos desequilibrios de autoridad estatal y de control territorial. Así como con fuertes raíces culturales y económicas. Descartó que el asunto pueda resolverse con castigos punitivos que solo ayudan a prolongar una guerra, que ha durado una década más que la misma guerra civil de los ochentas.
En este contexto, el pasado 8 de enero la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que daba por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador. Con la idea de permitir una transición ordenada, ha decidido otorgar un período de gracia de 18 meses. La designación terminará entonces definitivamente el 9 de septiembre de 2019. Más de 200.000 inmigrantes podrían quedar sin un estatus legal a partir del 9 de septiembre de 2019. La mayoría de los que perdieran el TPS se quedarían como indocumentados en Estados Unidos. Volver a su país de origen equivale a una sentencia de muerte.
En este sentido el académico José Miguel Cruz sostiene que las deportaciones masivas harían crecer aún más el fenómeno de las maras. “No solo en El Salvador, sino también en territorio estadounidense. A mediano plazo las pandillas locales de EE.UU, se fortalecerán porque las comunidades no colaborarán con las agencias que las combaten, es sabido que si se quiere combatir el crimen de pandillas se necesita que las comunidades trabajen de la mano con las instituciones públicas y policiales”.
Es lógico que a lo largo del territorio salvadoreño sus habitantes se pregunten: ¿Ya se perdió el combate contra las maras? El gobierno de El Salvador dice estar trabajando en un plan económico que busca proporcionar incentivos a los miles de salvadoreños que podrían iniciar el retorno a su tierra natal. El reto es mayúsculo las autoridades no están en condiciones de absorber a los deportados debido a la falta de infraestructura y problemas de sobrepoblación, es el país continental con más habitantes por metro cuadrado. A esto se añade que cuenta con una deuda pública de más del 60% del PIB y su crecimiento económico es apenas del 2% anual. Los niveles de desigualdad son impresionantes.
No es extraño que en muchas comunidades la situación esté muy cercana al desastre social. Incluso en barrios de la capital salvadoreña las familias viven encerradas en sus casas por la inseguridad que prevalece. Las autoridades tendrán que trabajar en la reinserción de los que están en las cárceles y en la prevención del delito. Es necesario aislar a los líderes de las pandillas y cortar sus líneas de comunicación. Pero la seguridad no se mejorará sin desarrollar la economía.
México tiene que ejercer un papel más trascendental en Centroamérica no solo por una cuestión humanitaria, una mayor inestabilidad en la región podría convertirse en un riesgo para la seguridad nacional. Entonces tendría que blindar su frontera sur, no olvidemos que las maras están usando las rutas de los migrantes y tal situación a la larga llevaría a un enfrentamiento con los grupos de narcotráfico.
