Vicente Ramos González
La libertad es el máximo valor del hombre. A su alrededor gira toda la dinámica de nuestra existencia y es inherente a nuestra naturaleza. Necesitamos libertad para expresarnos, decidir, asociarnos, elegir, pensar, crear, disentir, amar… Requerimos libertad para todo, incluso, aunque suene paradójico, para determinar la manera en que deseamos morir.
Precisamente a esa libertad para elegir la forma en que deseamos morir se refiere la voluntad anticipada, que puede describirse como una especie de testamento vital para que una persona, ya sea sana o con una enfermedad incurable, pero en pleno uso de sus facultades mentales, declare la forma en la que desea que se maneje su proceso de muerte: es decir que si quiere o no ser sometida a tratamientos o procedimientos médicos.
Es un documento de previsión para que las personas se adelanten a una posibilidad de enfermedad incurable que en algún momento las puedan poner en fase terminal. La voluntad anticipada es la esperanza de que la persona que ha sido desahuciada esté físicamente entre sus seres queridos en sus últimos días y no sea sometida a tratamientos o procedimientos médicos que le generen sufrimiento. Cabe aclarar que esta voluntad anticipada no es eutanasia, pues ésta se define como el acto de provocar intencionalmente el deceso de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra.
En la Ciudad de México, la Ley de Voluntad Anticipada fue promulgada el 7 de enero de 2008 y reformada en septiembre de 2012. Ahí se define que “es la voluntad de alguien con capacidad de ejercicio para que exprese su decisión de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona”. La misma ley establece dos formas de suscripción para concretar este voluntad anticipada: mediante el Formato de Voluntad Anticipada que se otorga gratuitamente en hospitales de la Ciudad de México; y también a través del Documento de la Voluntad Anticipada, el cual se entrega ante notario público.
Aunque este procedimiento es aún poco conocido entre la mayoría de la población, durante los diez años que ha estado vigente, 9 mil 991 capitalinos con alguna enfermedad terminal han declarado cómo quieren que sea su proceso de muerte. Esta cantidad representa un aproximado de mil personas por año desde la entrada en vigor de este precepto legal.
Estadísticas de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México indican que en 2008 se firmaron 101 documentos de voluntad anticipada; en 2009 fueron 233; 2010 cerró con 246; en 2011 hubo 263 y para 2012 el número ascendió a 709; en 2013 se reportaron 958; en 2014 se registró el aumento más significativo con la firma de mil 971 documentos, pero descendió a mil 820 en 2015, mientras que en 2016 hubo mil 875 firmas y en 2017 bajó a mil185.
El presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Marco Antonio Ruiz Aguirre, indicó durante una entrevista a un medio escrito de circulación nacional que hay una mayor conciencia y cultura de prevención entre las mujeres, ya que 64 por ciento de este tipo de procesos se entregan a ellas.
En cuanto a las edades, el presidente del Colegio de Notarios capitalino señaló que desde los 20 hasta los 59 años, los porcentajes son variables; sin embargo, entre los 60 y 69 se han realizado la mayor cantidad con 57 por ciento de las voluntades anticipadas. Ruiz Aguirre indicó que los principales deseos que se manifiestan en los documentos firmados son fallecer en casa, acompañados de sus seres queridos y apoyo tanatológico y espiritual para sus últimos días.
Cabe resaltar que a nivel nacional, en México 13 entidades federativas cuentan ya con su propia Ley de Voluntad Anticipada, que entraron en vigor después de que la Ciudad de México promulgó la suya. La lista de estados la integran Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
Hay un dato aportado por la Secretaría de Salud capitalina que le da contundencia al valor que tiene esta opción de voluntad anticipada: en 2016 murieron en total 43 mil 658 personas; de estas, 58 por ciento eran adultos mayores de 65 años o más que murieron por alguna enfermedad crónica degenerativa. Es decir, si toda esa gente hubiera expresado su voluntad, seguramente hubiera tenido una muerte con respeto a sus derechos de autonomía y autodeterminación para decidir qué cuidados son los que quisieran haber tenido en su última etapa de vida.
Hasta la próxima.
Periodista y editor
