Por algo, los defensores de Andrés Manuel López Obrador y el mismo candidato de Morena se ofuscan cuando la opinión pública le exige al tabasqueño demostrar que física y mentalmente está apto para gobernar.
La petición que hizo el diputado Jorge López Martín ante la Comisión Permanente para que los candidatos a la Presidencia hagan públicos sus exámenes médicos resulta, en este momento, crucial para la gobernabilidad.
Aunque esta demanda, presentada ante el Instituto Nacional Electoral, no va a prosperar —dado que no hay una exigencia constitucional—, lo cierto es que la incertidumbre que ha comenzado a generar la salud de López Obrador indica que el estado físico, mental y emocional de un candidato al más alto cargo de representación popular debe ser considerado un asunto de Estado.
Un expediente clínico que, en otras condiciones, es legítimo reservar por tratarse de un derecho a la privacidad, en este caso es válido exigir que tenga máxima transparencia y publicidad por estar en juego el destino de 120 millones de mexicanos. Además, si López Obrador y sus fanáticos seguidores están tan seguros de que su salud está al cien por ciento, ¿por qué se oponen a hacer público su expediente médico?
Si como lo indican las encuestas, López Obrador es el favorito para ganar la contienda electoral, ¿qué sucedería si después del 1 de julio un problema de salud le impide seguir adelante?
Decir esto no es entrar en el terreno de la ficción. El segundo debate presidencial resultó ser la mejor radiografía de los candidatos y de sus campañas, de la estatura política e intelectual que cada uno tiene y también de su estado físico y emocional.
Lo que usted vio, lector, lo vimos todos: a un López Obrador cuyo aspecto no correspondía a la actitud de un supuesto triunfador. Vimos a un hombre avejentado, cansado, con una desaliñada actitud corporal, con el antecedente de que días antes, como en otras ocasiones, estuvo a punto de desmayarse cuando hablaba desde un templete. Pero ahí no acaba la incertidumbre que han marcado estas campañas electorales. El encuentro entre candidatos presidenciales que se llevó a cabo en Tijuana funcionó como una ventana al futuro.
Después de que Margarita Zavala renunciara a su candidatura, la pregunta que muchos televidentes se hacían era si los cuatro —López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez— van a poder llegar al final de la jornada electoral. La duda tiene motivos. Durante la misma noche del debate, tomó fuerza la versión de que un juzgado de Instrucción de Madrid, España, podría llamar a declarar al candidato presidencial Anaya por lavado de dinero.
De acuerdo con la ley internacional de blanqueo de capitales, Canadá e Inglaterra, países donde fue creada la estructura financiera que permitió al candidato y a sus socios ocultar recursos, tendrían que hacer lo mismo.
¿Qué ocurriría si esos países confirman, antes del 1 de julio, día de la elección, que Anaya es culpable de lavar dinero, y qué sucedería si el candidato de la coalición Por México al Frente gana y días después tiene que ser aprehendido?
Los dos punteros en las encuestas, López Obrador y Anaya, tienen un futuro incierto. Y ambos, de ganar, colocarían el país en un escenario de incertidumbre e ingobernabilidad. Uno, en el mejor de los casos tendría que ir a un hospital, y el segundo, tal vez, a la cárcel.
